Quizás los lectores ya se hayan cruzado con este jovencísimo abogado en redes sociales. Se llama Juan Fraguas Amor, aunque está tratando de hacerse un hueco en la abogacía de Santa Cruz de Tenerife con el alias Abogado Juan. Tiene sólo 26 años, pero no dice bro, en plan ni me renta, sino que viste de traje y da consejos jurídicos en sus redes para captar clientes.
Abogado Juan nació en Lanzarote, pero ha vivido toda su vida fuera. Hace apenas un año, acabó su máster de acceso a la abogacía y decidió que era el momento de volver a Canarias para comenzar con su carrera profesional. Vino a Tenerife, concretamente a Santa Cruz, donde con la ayuda del exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner García-Lliberós, consiguió hacer contactos y establecerse como autónomo en un despacho de la capital, dirigido por las letradas Carmen Luz Hernandez Borges y María José Benítez Santos.
Vídeos virales
El empujón de Niederleytner se notó, pero el verdadero éxito de Abogado Juan está llegando a través de sus vídeos en Instagram, TikTok y Facebook. Para atender consultas, además de por sus redes sociales, el abogado ha creado la dirección de correo abogadojuanpenal@outlook.com y la página web www.abogadojuan.es.
Con un estilo muy juvenil (y, a ningún cinéfilo se le escapa, muy inspirado en la serie Beter Call Saul), que acerca el mundo del Derecho a los más jóvenes, entre música y bromas, el letrado está sabiendo encontrar su nicho de mercado en este segmento de edad. El resultado está siendo como pescar en un barril, porque sus vídeos acumulan decenas y hasta cientos de miles de visualizaciones cada uno.
"Yo no pago por promocionar los vídeos, se viralizan solos", confiesa a Atlántico Hoy. El secreto está no solo en darle ese formato juvenil a las publicaciones, sino también en ir a la raíz de los problemas que preocupan a sus potenciales clientes. Y para muestra, un botón: en su último vídeo viral, Abogado Juan ofrece asistencia jurídica a los carnavaleros que quieran reclamar una indemnización de miles de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por lesiones sufridas al resbalarse en el charco de la plaza de España, que fue cercado por el consistorio chicharrero tras certificar la avalancha de caídas.
"Casi me caí yo también", confiesa Abogado Juan entre risas a este medio, y pasa a desgranar las circunstancias que han de darse para que el daño sea reclamable.
Derecho a ser indemizado
La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece que, cuando un ciudadano resulta perjudicado como resultado del anormal funcionamiento de la administración, éste tiene derecho a ser indemnizado. Pero, para ello, tienen que concurrir varias cosas.
En primer lugar, detalla Abogado Juan, que exista un "daño efectivo y evaluable", y esto se acredita principalmente con un parte de lesiones. Es decir, no basta con haberse caído, sino que los efectos de la caída tienen que ser demostrables.
Deber de soportar el daño
Por otro lado, que "el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño". Esta es una frase muy técnica, pero fácilmente resumible. Abogado Juan lo explica con un ejemplo: "Si tú, de repente, en una acera en buen estado te resbales o te caes, tienes un deber jurídico de soportar esa caída porque tú te has porque te has atontado mirando el móvil, o hay un bordillo que no has visto, un desnivel normal, etcétera. A eso se le llama en Derecho deber jurídico de soportar el daño".
Esto es así porque la Administración no puede ser responsable de todo lo que pase en la vía pública. Ahora bien, la indemnización "sí se contemplaría cuando el daño se produce, como en este caso [del charco de la plaza de España], por un un defecto anormal". Abogado Juan considera que la plaza no estaba ni debidamente señalizada, ni vallada cuando se produjeron las caídas de este año, por lo que cree que es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el responsable último de que esas lesiones no se hubiesen producido.
Por último, debe acreditarse relación directa entre el estado del lugar y las lesiones. Es decir, que la caída que produjo las lesiones se provocó por el mal estado del sitio.
El proceso
Abogado Juan detalla a Atlántico Hoy que, desde el suceso (o desde la estabilización de las lesiones, si fueran graves), el ciudadano tiene un año para presentar una reclamación patrimonial a la Administración. Tras ese tiempo, pueden ocurrir dos cosas. La primera, es que esta responda, aunque tiene seis meses de plazo para hacerlo. La respuesta puede ser estimatoria total o parcialmente; o desestimatoria, y el interesado puede ir interponiendo recursos de alzada hasta agotar la vía administrativa y poder interponer un recurso contencioso-administrativo, es decir, dar el salto a los tribunales.
La otra situación que puede ocurrir es que la Administración no responda en plazo, en cuyo caso el silencio administrativo se entiende negativo. Esto, en realidad, no es más que una ficción legal para poder justificar también un recurso contencioso-administrativo, motivado por el silencio, y que el reclamante no se quede esperando eternamente.
Cuantía y tiempo
Para evaluar la cuantía de la indemnización, Abogado Juan detalla que se utilizan los baremos del Estatuto de Tráfico en cuanto a peritajes, "aunque no sea un accidente de circulación". Este proceso evalúa muchas cosas: "Días hospitalizado, baja laboral, si queda una limitación permanente por la caída, daño moral que pueda causar derivado por ejemplo de intervenciones quirúrgicas, gastos acreditados, pérdida de ingresos, etcétera", apunta el letrado.
Abogado Juan estima que, dependiendo de las secuelas, una caída como las de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife pueden generar una obligación para la administración de entre unos cientos a unos miles de euros aunque, eso sí, tomará tiempo. "Normalmente se puede ir a entre un año y medio y dos años", zanja el letrado.