La asociación de vecinos del centro de Santa Cruz El Perenquén ha denunciado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa ejecutando la Zona Urban y realizando contrataciones relacionadas con el control de acceso al centro de la ciudad, pese a la anulación judicial de la Ordenanza municipal de Movilidad que amparaba esas medidas.
En una rueda de prensa, el abogado Felipe Campos calificó de “ilegalidad manifiesta” las contrataciones ya realizadas, incluidas las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, que afectan directamente "a derechos fundamentales como la intimidad de los vecinos sin ningún respaldo jurídico", recalca.
Paralización
"No se puede contratar sin ordenanza. Es un hecho bastante grave e ilegal", dijo Campos, que sospecha que el Consistorio "está haciendo uso de dinero público sin base legal, sin ordenanza en vigor", y afirmó que cualquier obra "ligada a la aplicación de medidas restrictivas como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o el sistema de control de tráfico del centro urbano debería paralizarse inmediatamente".
El letrado también acusó al Ayuntamiento de mantener convenios con una empresa privada encargada de gestionar el acceso a la ciudad pese a que el marco legal que justificaba ese contrato ha sido anulado, e insisten en que se están causando perjuicios directos a personas enfermas, ambulancias y vecinos "con una ordenanza que no existe”. “No puede ser que una asociación vecinal tenga que estar vigilando sola cómo se gasta el dinero público”.
Respuesta del Ayuntamiento
El Ayuntamiento defiende, sin embargo, que dispone de "la seguridad jurídica de haber realizado las contrataciones para el material necesario de la ZBE conforme a la ley, sobre todo, teniendo en cuenta que las sentencias de los tribunales no son firmes", e insisten en que sus servicios jurídicos "están en ello".
Para la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, "la intención de judicializar la vida política y la gestión municipal en estas materias, por parte de una asociación de vecinos, choca con el modelo que persigue convertir a Santa Cruz en una ciudad del futuro, donde la regulación del espacio público, que es de todos, la disminución de la huella de carbono y la sostenibilidad sean los ejes".
Consecuencias de la sentencia
Campos criticó que las obras de la Zona urban avanzan “como si nada hubiera pasado”, cuando en realidad cinco artículos clave de la ordenanza de movilidad han sido suspendidos cautelarmente, entre ellos el que daba cobertura a las limitaciones de tráfico y el uso de tecnologías de control. “El artículo 6, que permite al Ayuntamiento restringir el paso de vehículos en determinadas vías, está suspendido. Por tanto, no se puede justificar ninguna actuación de este tipo”, explicó.
Alonso, responde, "desde el máximo respeto a las decisiones judiciales" que se están valorando y preparando "las consecuencias de la sentencia y, por lo tanto, el recurso ante el Supremo".
"Exigencia europea"
Alonso también recuerda que se están usando los fondos Next Generation, de la Unión Europea, y que las adaptaciones de la ciudad parten de "las exigencias de la propia Europa para ciudades de más del 50.000 habitantes, como es el caso de la Zona de Bajas Emisiones".
"La estrategia de algunos, sustentada en el no a todo de cualquier avance colectivo y de sostenibilidad, primando exclusivamente la comodidad del derecho individual, no puede llevarnos a otro lugar que a la Santa Cruz del pasado siglo XX, con la Ordenanza de Movilidad de 1985, una ciudad que no tiene nada que ver con la actual ni las necesidades de su población del año 2025", concluye la concejal.