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Santa Cruz

El campamento en La Candelaria denuncia que el PP de Santa Cruz no quiere pobres en la ciudad

La acampada instalada en la plaza de La Candelaria desde hace 127 días recibió una notificación por parte del concejal del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra, para abandonar la plaza

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Acampada en la Candelaria desde hace cinco meses reclamando viviendas dignas. / Atlántico Hoy

Este miércoles, la acampada por una vivienda digna debería abandonar sobre las 14 horas el campamento montado en la plaza de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, después de que el concejal del Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), les entregará en mano este martes un escrito ordenando la retirada de las carpas, tiendas de campañas y más instalaciones por ocupación ilícita del dominio público municipal.

“Aporofobia del PP”

Ante esta determinación del representante del Partido Popular en el Consistorio santacrucero, el representante de la acampada, Lolo Dorta, en palabras a Atlántico Hoy, acusa al PP de “aporofobia”, ya que señala también a Carlos Tarife (PP) y sus comentarios en redes y en los medios de comunicación. “Pensamos que el PP de Santa Cruz está haciendo odio al pobre, no quiere pobres en Santa Cruz y actúa como actúa. Tomamos todas las medias legales que podemos sobre el escrito y estamos estudiando poner una denuncia al PP de Santa Cruz por supuesta aporofobia”, afirma rotundo Dorta.

Además, recalca que Guillermo Díaz y el PP “casi que quieren aplicar la ley mordaza con la acampada reivindicativa” y que “vulnera los derechos de concentrarse de las familias”. Asimismo, añade que “muchas viven fijos en la acampada, que son personas sin hogar y sin ningún lado a donde irse, aparte de familias amenazadas por desahucios en las próximas semanas”.

Por qué ahora

Y es que después de 127 días acampados y reclamando viviendas dignas “para miles de familias”, no entienden que llegue esta situación tras cinco meses de reivindicación. “Nos resulta extraño que, después de este tiempo, ahora estemos incumpliendo alguna normativa municipal, cuando en el primer momento nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento y preguntamos si teníamos que pedir permiso y no hubo ningún tipo de problemas, que no hacía falta”, explica Lolo Dorta. “Si hubiésemos estado incumpliendo una ilegalidad, nos hubiesen echado desde el minuto uno, pero no es una ocupación de vía pública, estamos reclamando un derecho a la vivienda digna para miles de familias de Canarias y ejerciendo el derecho constitucional de manifestarnos y concentrarnos”, añade.

Escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. / Atlántico Hoy

Dorta, que confirma que los abogados del movimiento han presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el documento, ha adelantado que no van a levantar el campamento voluntariamente. “A nivel activista, cualquier concentración y manifestación que hemos hecho siempre ha sido pacífica y lo mismo vamos a hacer hoy. Si viene la policía no vamos a hacer ningún tipo de acto violento. Nos sentaremos y si la policía tiene que actuar, que lo haga, y que sea grabado por los medios y todas las personas presentes que el Ayuntamiento de Santa Cruz no respeta la Constitución”, sentencia.

El alcalde José Manuel Bermúdez, “no tenía constancia”

Lolo Dorta cree, además, que la entrega del documento de notificación del levantamiento de la acampada, no cuenta con el conocimiento del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. “Supuestamente, el alcalde no tenía constancia del escrito que nos ha hecho llegar el concejal Guillermo Díaz”.

Desde el equipo de Gobierno municipal, no han desmentido ni confirmado dicha situación a Atlántico Hoy, señalando que Díaz Guerra ha actuado como representante del Área de Sevicios Públicos, ya que la acampada está ocupando la vía pública, pudiendo generar conflicto con otros ciudadanos que no pueden utilizara. Además, expresan que la postura de Bermúdez siempre ha sido clara, apuntando a que es el Gobierno de Canarias el que debe actuar ya para ayudar a las familias que solicitan una vivienda digna en la capital tinerfeña.