El alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, intenta poner algo de orden en el debate sobre el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y su papel en la defensa del monumento de Juan de Ávalos, popularmente conocido como monumento a Franco.
En declaraciones a Atlántico Hoy, Bermúdez explica que el Consejo de Patrimonio no se reunió expresamente para buscar una fórmula que permita conservar la escultura, sino porque la Gerencia Municipal de Urbanismo necesitaba su informe sobre el nuevo catálogo de bienes patrimoniales que se está tramitando.
No fue un tema exclusivo
Dentro de ese informe general sobre el catálogo, dice, el Consejo acordó proponer que se estudiara la inclusión del conjunto monumental de la Fuente de Almeyda. Es decir, el monumento apareció en la reunión, pero no fue el motivo único de la convocatoria. “No se reúne únicamente para decidir la inclusión del monumento. Se reúne para informar sobre el catálogo”, explica Bermúdez.
La precisión resulta importante porque la última reunión del Consejo se celebró el pasado 27 de julio, justo cuando el Ayuntamiento buscaba nuevas vías para frenar la retirada del conjunto escultórico, tras el ultimatum del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que daba seis meses al Consistorio para sacar el vestigio franquista de la vía pública.
Una reunión dentro de un expediente
El alcalde asegura que el funcionamiento del Consejo está vinculado a los expedientes que tramita Urbanismo. "Cuando la Gerencia necesita un informe relacionado con la catalogación de un edificio, una autorización o cualquier otra actuación que afecte al patrimonio, se convoca al órgano", expone
En este caso, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales y abrió después un periodo de alegaciones. El Consejo debía pronunciarse sobre ese documento y, al hacerlo, planteó también que se valorara la incorporación del monumento de Ávalos.
Pendiente de la decisión del Gobierno de Canarias
Destaca el alcalde que la decisión del Gobierno de Canarias de no declarar al conjunto escultórico Bien de Interés Cultural (BIC) fue determinante en este punto. Mientras el expediente BIC estuvo abierto, el Ayuntamiento optó por no incluirlo en el catálogo municipal, a la espera de conocer la resolución autonómica.
“Si el Gobierno hubiera decidido que podía ser BIC, no hubiera podido ser incluido en el catálogo”, sostiene Bermúdez, comentando que en el expediente que se tramita no se puede incluir ningún BIC. Tras la negativa del Ejecutivo, el conjunto quedó, según su interpretación, en condiciones de ser estudiado como un elemento más del catálogo municipal.
El alcalde insiste en que no se trata de una maniobra improvisada ni de una estrategia diseñada a última hora para esquivar la retirada. “No hay ninguna estrategia rocambolesca”, afirma.
Actividad del Consejo
La explicación del alcalde llega después de que se haya puesto el foco en la actividad del Consejo Municipal de Patrimonio, una entidad casi inédita. Desde su creación, en 2018, solo pueden localizarse públicamente cuatro reuniones: la sesión constitutiva (2018); la celebrada en 2019 sobre los hallazgos de la batería de San Francisco; la primera reunión ordinaria del actual mandato, en junio de 2024; y la celebrada el pasado mes de julio.
La última es la única de esas cuatro sesiones documentadas que ha tratado la posible protección del monumento de Ávalos.
“Es un órgano asesor”
Bermúdez no niega el dato, pero rechaza que pueda interpretarse automáticamente como falta de actividad. “El Consejo se reúne cada vez que tiene que emitir un informe”, afirma. No es, según explica, un órgano con reuniones periódicas fijadas en el calendario, sino un órgano asesor al que se recurre cuando existe un expediente patrimonial sobre el que debe pronunciarse.
La web municipal define el Consejo como un órgano asesor y consultivo. Sus informes son facultativos y no vinculantes, y no tiene capacidad para aprobar por sí mismo la inclusión de un bien en el catálogo.
Por eso, el acuerdo de julio no protege automáticamente el monumento. Lo que hace es respaldar que Urbanismo estudie esa posibilidad dentro del procedimiento de elaboración del catálogo.
“Claro que es un vestigio franquista”
Bermúdez tampoco esquiva el significado político de la escultura. Reconoce que se trata de un vestigio franquista y que su origen está vinculado a la victoria de Franco. Pero considera que esa condición no basta, por sí sola, para ordenar su retirada.
“Yo lo reconozco como un vestigio franquista. Claro que lo es”, afirma. Su defensa se centra en que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de conservar determinados elementos cuando tienen valores artísticos o patrimoniales que justifiquen su protección.
Leyes
El alcalde remite al artículo 35 de la Ley estatal de Memoria Democrática y al artículo 13 de la Ley de Memoria Histórica de Canarias. A su juicio, la norma no establece que todos los vestigios franquistas deban desaparecer sin excepción, sino que permite mantener aquellos que estén protegidos y acrediten valores suficientes.
Esa es la interpretación que el Ayuntamiento ha trasladado a su recurso contra la orden de retirada. La decisión definitiva, no obstante, corresponde a las administraciones y, en último término, a los tribunales si la disputa acaba judicializándose.
El Ayuntamiento mantiene su ofensiva
Santa Cruz mantiene abierto el recurso de alzada contra la resolución estatal que ordena retirar el conjunto escultórico. También ha solicitado la suspensión cautelar de la retirada y no descarta acudir a otras instancias jurídicas.
Mientras tanto, la vía municipal pasa por el catálogo patrimonial. El Ayuntamiento sostiene que el monumento puede recibir protección local aunque no haya sido declarado BIC por el Gobierno de Canarias.
La posición de Bermúdez es que el debate no debe reducirse a una cuestión ideológica. “No estoy en esto por un tema de ideología. Estoy por un tema de patrimonio”, asegura.
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