El Cabildo de Tenerife ha elevado el tono ante la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tras advertir formalmente sobre las posibles responsabilidades en las que podría incurrir el organismo estatal. El motivo de la controversia se centra en la falta de información detallada sobre la situación técnica y los valores del edificio del silo portuario, una estructura cuya protección patrimonial se encuentra actualmente bajo análisis.
La corporación insular ha recordado este jueves que ha instado de manera oficial a la Autoridad Portuaria para que realice un estudio técnico profundo sobre los valores patrimoniales del inmueble. Esta petición se ampara en el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que otorga la competencia de esta evaluación al organismo dependiente del Estado. Según la institución tinerfeña, la disposición para colaborar ha sido constante, pero lamentan que hasta la fecha no se hayan recibido las conclusiones de las actuaciones realizadas.
Exigencia de rigor patrimonial
El conflicto administrativo ha trascendido el ámbito local, ya que el Ministerio de Cultura ha abierto un expediente para recabar datos sobre las características del edificio. En este marco, el Cabildo asegura haber atendido todas las solicitudes de información, tanto de la administración central como del Colegio de Arquitectos, reafirmando en cada paso la necesidad imperativa de contar con el informe de valores antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el futuro del silo.
El consejero insular de Presidencia y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, ha sido contundente al señalar que no es posible dilatar más una cuestión que afecta de forma directa a la seguridad jurídica y a la protección del patrimonio isleño. El responsable autonómico ha subrayado que la Autoridad Portuaria tiene la obligación legal de informar y actuar con transparencia.
Posibles consecuencias legales
Ruano ha incidido en que la ausencia de este rigor técnico podría derivar en responsabilidades patrimoniales que el organismo estatal debería evitar. A pesar de que las competencias sobre el edificio recaen en la Administración General del Estado, el Cabildo mantiene su oferta de colaboración, siempre que esta se fundamente en el cumplimiento estricto de la normativa vigente y en una comunicación clara entre ambas instituciones.