Un contrato del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para diseñar cubiertas con paneles fotovoltaicos en varios campos de fútbol municipales se encamina hacia su resolución después de que la empresa adjudicataria no entregara los proyectos dentro del plazo establecido. El encargo, correspondiente al distrito La Salud-La Salle, había sido adjudicado por 19.629,66 euros, impuestos incluidos.
La actuación pretendía dotar a las instalaciones deportivas de nuevas zonas de sombra y aprovechar las cubiertas para producir energía destinada al autoconsumo y al almacenamiento. El contrato comprendía los trabajos técnicos previos a la ejecución, como los levantamientos topográficos y estudios geotécnicos, redacción de los proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la futura construcción.
Corre el plazo
La Junta de Gobierno de Santa Cruz adjudicó este lote en mayo de 2025 y el contrato se formalizó el mes siguiente. A partir de entonces comenzaron a correr los plazos: un mes para efectuar los trabajos topográficos y geotécnicos y tres meses para presentar los proyectos de ejecución de las cuatro instalaciones incluidas en el lote.
Los primeros documentos llegaron en julio. La adjudicataria remitió por correo electrónico los levantamientos topográficos el día 16 y los registró formalmente cuatro días después. Sin embargo, no realizó los sondeos geotécnicos previstos. Según explicó, introducir la maquinaria en las instalaciones resultaba complicado y podía dañar el pavimento. Como alternativa, planteó calcular las cimentaciones tomando como referencia las condiciones más desfavorables posibles del terreno.
Prórroga
A comienzos de septiembre, un día antes de que concluyera el plazo inicialmente previsto para redactar los proyectos, el contratista solicitó una ampliación de un mes. Alegó que durante agosto no había podido contactar con fabricantes y proveedores y que, por ello, carecía de algunos datos técnicos necesarios para definir la instalación fotovoltaica.
Los servicios municipales consideraron que esas dificultades no eran imputables a la adjudicataria e informaron favorablemente la petición. El Ayuntamiento concedió la prórroga y fijó el 4 de octubre de 2025 como nueva fecha límite.
El ayuntamiento aprieta
Aunque el plazo seguía abierto, el área municipal responsable comenzó a reclamar los proyectos con insistencia. El 10 de septiembre pidió que fueran entregados cuanto antes y advirtió de que no cabían nuevas ampliaciones. La adjudicataria respondió que estaba trabajando en ellos y lamentó el retraso. El día 22 se produjo un nuevo requerimiento.
Dos días después, el contratista mandó un mensaje al consistorio surrealista: "Tuve un problema con un virus informático y perdí los documentos. No podré entregar los proyectos".
Vence el plazo
El 4 de octubre venció finalmente el plazo sin que se produjera la entrega. A partir del día siguiente comenzó a computarse formalmente la demora. Pasaron varios meses hasta que, el 3 de febrero de 2026, un informe técnico municipal propuso resolver el contrato e incautar la garantía depositada por la adjudicataria, que ascendía a 917,27 euros.
El informe consideró que la falta de los proyectos afectaba a la obligación principal del contrato y frustraba la finalidad de una actuación calificada como estratégica por el Ayuntamiento. El proyecto buscaba aumentar la superficie sombreada de la ciudad, aprovechar las ventajas ambientales y económicas de las energías renovables y contribuir a la transición energética municipal. La consecuencia inmediata del incumplimiento, añadía, era que "la falta de entrega obliga a tramitar una nueva licitación del contrato".
Procedimiento de resolución
El procedimiento de resolución se inició el 19 de febrero. Durante el trámite de audiencia, la adjudicataria se opuso a la medida y defendió que el incumplimiento no había sido deliberado. Aseguró que las dificultades para conseguir información de fabricantes se habían prolongado más allá de agosto y recordó que sí había realizado parte de los trabajos contratados, concretamente los levantamientos topográficos.
También sostuvo que resolver el contrato resultaba desproporcionado y propuso recibir una nueva ampliación de tres meses. A su juicio, permitirle concluir los proyectos causaría menos retrasos que terminar la relación contractual y organizar otra licitación.
Resolución justificada
El Consejo Consultivo de Canarias, que ha analizado el caso en un dictamen, recuerda que la resolución de un contrato público debe reservarse para incumplimientos verdaderamente relevantes. "No toda irregularidad puede habilitar a la Administración Pública para que ejercite su potestad resolutoria", afirma. Esa medida solo está justificada cuando la prestación deja de realizarse o se ejecuta en condiciones que perjudican el interés público.
En este caso, sin embargo, considera que el incumplimiento sí alcanza esa gravedad. La nueva prórroga solicitada habría elevado a siete meses el tiempo disponible para un trabajo que inicialmente debía realizarse en tres. El dictamen destaca que la empresa pretendía que el plazo "pase a ser de siete meses en total" y señala que no explicó suficientemente por qué continuaba sin entregar los proyectos ni justificó las razones concretas por las que necesitaba otros tres meses.
Posible prohibición de contratar
En mayo, el Ayuntamiento formuló una propuesta para rechazar las alegaciones, resolver el contrato por incumplimiento culpable e incautar la garantía. También planteó estudiar los posibles daños causados a la Administración y la eventual apertura de un expediente de prohibición de contratar.
La empresa no pierde el derecho a cobrar cualquier trabajo que haya sido correctamente realizado. El Ayuntamiento tendrá que determinar durante la liquidación si corresponde abonar los levantamientos topográficos entregados. Del mismo modo, cualquier reclamación de daños que supere los 917,27 euros de la garantía deberá tramitarse en un expediente separado.
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