Los terrenos que durante casi un siglo estuvieron vinculados a la actividad industrial de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife encaran una nueva etapa. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han firmado un convenio para avanzar en la transformación urbanística de este enclave estratégico, situado junto a la capital y llamado a convertirse en una de las grandes bolsas de expansión de la ciudad.
El acuerdo, publicado este pasado viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), contempla una inversión inicial de 650.000 euros para redactar la suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan a los suelos de la Refinería y establecer unas normas transitorias que permitan ordenar el ámbito mientras se diseña su futuro definitivo. El Cabildo y el Ayuntamiento aportarán 325.000 euros cada uno.
La operación pretende dar respuesta a los objetivos del proyecto Santa Cruz Verde 2030 y coordinar la actuación de las distintas administraciones implicadas: el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y el Ayuntamiento capitalino, además de la empresa CEPSA y otros agentes que deberán participar en el proceso.
Un espacio industrial pegado a la ciudad
El convenio parte de una realidad que durante años ha condicionado el crecimiento de Santa Cruz ya que más de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial se encuentran físicamente junto a la ciudad, pero permanecen aislados de la trama urbana por el uso que históricamente han desempeñado.
La actividad de transformación de productos petrolíferos a partir del crudo ya ha cesado. Según recoge el documento, la decisión responde a la imposibilidad de mantener las unidades de producción conforme a la normativa aplicable y al Plan de Calidad del Aire de la aglomeración Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de La Laguna.
Desmantelamiento
La Refinería se encuentra ahora en proceso de desmantelamiento. Está previsto, no obstante, que se mantengan las actividades relacionadas con el almacenamiento y el suministro de productos petrolíferos, que contarán con un nuevo almacén de hidrocarburos en el puerto de Granadilla.
La reconversión del suelo para integrarlo en la ciudad no es una idea nueva. Ya aparecía recogida en el Plan General de Ordenación de 1992, en la Adaptación Básica de 2005 y en la Adaptación Plena de 2013, posteriormente anulada. Sin embargo, esas previsiones no llegaron a tener plena eficacia porque el planeamiento insular mantiene para este ámbito el uso industrial.
Suspender el planeamiento vigente
La principal dificultad se encuentra precisamente en esa coexistencia de instrumentos de ordenación municipales e insulares. El Ayuntamiento no puede modificar por sí solo las determinaciones que corresponden al Cabildo, lo que ha impedido avanzar en una planificación integral para el futuro de estos terrenos.
Por ese motivo, el Gobierno de Canarias inició en mayo de 2025 el procedimiento para suspender la vigencia de los instrumentos de ordenación que afectan a la Refinería y establecer normas sustantivas transitorias. El nuevo convenio permitirá financiar y desarrollar los trabajos técnicos necesarios hasta alcanzar la aprobación definitiva.
Estudios necesarios
No se trata únicamente de dibujar nuevos usos sobre el mapa. El documento plantea la necesidad de estudiar de forma conjunta la movilidad, las conexiones peatonales, el tráfico privado, el transporte público, la posible red ferroviaria, el sistema viario, la relación con los barrios y actividades del entorno y la integración ambiental de un espacio marcado por décadas de actividad industrial.
También será necesario determinar qué aprovechamientos urbanísticos pueden desarrollarse dentro del marco legal y cómo se garantiza la recuperación ambiental de los terrenos.
Cuatro años para definir el futuro
El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años desde la fecha de la última firma, con la posibilidad de prorrogarse durante otros cuatro años mediante una adenda. Las aportaciones económicas del Cabildo y del Ayuntamiento deberán transferirse en un plazo de 15 días naturales desde la firma del acuerdo o desde la incorporación de la última rúbrica.
Para supervisar el proceso se constituirá una comisión de seguimiento con representación de las tres administraciones firmantes. Este órgano tendrá que reunirse al menos una vez al año y se encargará de vigilar el cumplimiento de los compromisos, resolver posibles discrepancias y coordinar la propuesta de ordenación. La Consejería de Política Territorial será la responsable de tramitar las distintas fases del procedimiento hasta su aprobación definitiva. Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento deberán facilitar la documentación necesaria y asumir la financiación comprometida.
El acuerdo abre la puerta a una transformación largamente anunciada. La antigua Refinería deja de contemplarse únicamente como un espacio industrial en retirada y empieza a plantearse como una pieza capaz de contribuir a la expansión de Santa Cruz, a la transición ecológica y a la recuperación de terrenos hoy desconectados de la vida urbana.
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