La tramitación urbanística necesaria para disponer del suelo de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife puede prolongarse durante “dos o tres años”, según explicó este jueves la consejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.
La responsable autonómica aseguró, además, que Cabo Llanos sigue siendo la ubicación prevista para levantar la infraestructura y defendió que el principal obstáculo del proyecto no es económico ni de gestión, sino urbanístico.
El problema está en el suelo
Barreto explicó en comisión parlamentaria que antes de encargar los proyectos o cerrar el coste de la obra es necesario resolver la suspensión del planeamiento que afecta al terreno.
El Gobierno ha optado por reducir el ámbito de esa suspensión a la superficie estrictamente necesaria para construir la Ciudad de la Justicia, en lugar de mantener la propuesta de la legislatura anterior, que afectaba a un ámbito más amplio y a cuatro instrumentos de planificación.
Menos ámbito urbanístico
La anterior propuesta pretendía abordar también cuestiones relacionadas con la movilidad en la entrada sur de Santa Cruz. La actual tramitación se limita al suelo necesario para la infraestructura judicial y deja la solución global de movilidad en manos del área de Política Territorial.
Barreto rechazó que esta modificación implique un retroceso o una reducción del proyecto y recalcó que el Ejecutivo autonómico “no renuncia” a la Ciudad de la Justicia. También confirmó que la suspensión del planeamiento que se tramita afecta precisamente a los terrenos de Cabo Llanos, por lo que esa localización continúa siendo la prevista.
El propietario no quiere vender
La consejera explicó que, al llegar al Gobierno, intentó negociar con el propietario de la parcela necesaria para desbloquear el proyecto. Según señaló, el titular del suelo no quiere vender ni ser expropiado y recurriría a los tribunales en caso de que se optara por esa vía.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha decidido continuar con la suspensión urbanística en un ámbito más reducido. Barreto evitó fijar una fecha concreta para concluir el procedimiento y señaló que será Ordenación del Territorio quien determine los plazos conforme avance la tramitación.
El coste vendrá después
Una vez aprobada la suspensión, se podrán encargar los proyectos y calcular el coste definitivo de la infraestructura para incorporarlo a los presupuestos. La consejera admitió que se tratará de una inversión elevada, aunque aseguró que el Gobierno estaría dispuesto a consignarla.
Mientras se resuelve la ubicación definitiva, Justicia mantiene actuaciones para mejorar los edificios actuales, ampliar espacios y habilitar nuevas dependencias. Barreto cifró en unos 90 millones de euros la inversión prevista en Canarias en mejoras, planificación, proyectos y obras de infraestructuras judiciales.
Críticas desde la oposición
Durante el debate, PSOE, Vox y Nueva Canarias cuestionaron el avance del proyecto y reclamaron más claridad sobre su alcance, calendario y presupuesto. El diputado socialista Gustavo Matos sostuvo que el Gobierno carece de una programación concreta, mientras que Paula Jover, de Vox, preguntó por el denominado edificio Auditorio y por el calendario de ejecución.
Nueva Canarias puso el foco en las deficiencias que arrastran varias sedes judiciales, entre ellas problemas de accesibilidad, salubridad y medios tecnológicos. Su diputada Carmen Rosa Hernández criticó que el proyecto siga sin una planificación concreta pese a las reclamaciones planteadas durante años por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía.
CC, PP y ASG piden seguir avanzando
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato defendió que la reducción del ámbito urbanístico no supone recortar el proyecto y afirmó que el Ejecutivo continúa trabajando tanto en la solución definitiva como en medidas provisionales.
Mónica Muñoz, del PP, reclamó avanzar en la infraestructura y mejorar al mismo tiempo las instalaciones actuales, mientras que Jesús Ramos, de ASG, advirtió de que la Ciudad de la Justicia no será una realidad a corto o medio plazo y pidió coordinación entre administraciones y operadores jurídicos.
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