El Tribunal Supremo ha aceptado "sentar jurisprudencia", es decir, fijar un criterio jurídico sobre la posibilidad de recurrir la ampliación mediante prórroga de una concesión portuaria, una cuestión que surge a raíz del conflicto por la terminal de contenedores situada frente a Valle Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife.
El caso se remonta al acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en 2024, mediante el que concedió una prórroga de 25 años a Boluda para "continuar explotando la terminal de contenedores", una instalación con una superficie de más de 105.000 metros cuadrados. La empresa Terminal de Contenedores de Tenerife llevó esa decisión ante los tribunales al considerar que la ampliación "afectaba a sus intereses".
Rechazo del recurso
Sin embargo, en una primera resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "rechazó el recurso al entender que la entidad carecía de legitimación para recurrir". El tribunal basó su decisión "en un precedente judicial según el cual la anulación de una concesión no implicaría automáticamente un beneficio para la empresa demandante, sino únicamente la apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación". Ese criterio fue posteriormente avalado por el propio Supremo.
La empresa recurrente sostiene ahora que su situación "es distinta" y defiende que "sí tenía un interés directo en el proceso". Argumenta que, si la prórroga no se hubiera concedido, "habría podido optar a la adjudicación del espacio solicitado, que previamente le había sido denegado bajo el argumento de que no existía disponibilidad".
No resulta imprescindible
El Tribunal Supremo considera que "no resulta imprescindible haber concurrido a un concurso para ocupar un espacio público con el fin de poder impugnar su resultado". Además, señala que la complejidad jurídica que rodea este tipo de procedimientos "hace aconsejable un nuevo pronunciamiento que permita aclarar los criterios aplicables".
La futura decisión del alto tribunal podría "fijar doctrina" y establecer un precedente relevante para futuros conflictos relacionados con concesiones portuarias y el derecho de las empresas a cuestionar su ampliación o renovación.