El Gobierno ha aprobado una modificación de la normativa estatal sobre zonas de bajas emisiones (ZBE) con la que quiere evitar que estas áreas queden en una delimitación sobre el mapa sin restricciones ni controles efectivos. La reforma afecta a los requisitos que deben cumplir los municipios obligados a implantar una ZBE y sitúa en primer plano una cuestión concreta para Santa Cruz de Tenerife: el plazo previsto por su ordenanza para empezar a sancionar a quienes incumplan las restricciones.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, 3 de noviembre, modificar el Real Decreto 1052/2022, que regula estas zonas. Según ha comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica, los ayuntamientos deberán acreditar que las limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor, que los sistemas de control y seguimiento funcionan y que se aplica el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico. La reforma pretende evitar, además, que se recurra a periodos transitorios que demoren la efectividad de las sanciones.
La modificación aún debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ayuntamiento de Santa Cruz ha trasladado a Atlántico Hoy que esperará a esa publicación para analizar la norma y valorar sus posibles efectos sobre la ZBE municipal. Por tanto, no está confirmado que el calendario previsto en la ordenanza de la capital vaya a cambiar.
La ordenanza de Santa Cruz prevé multas a los 36 meses
Santa Cruz aprobó definitivamente su ordenanza de bajas emisiones en el pleno municipal del 24 de julio. El texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de agosto de 2026. La norma establece una implantación progresiva: el régimen de funcionamiento de la ZBE comenzará a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor de la ordenanza, mientras que el régimen sancionador lo hará a los 36 meses.
Entre ambos plazos, el Ayuntamiento podrá comunicar las infracciones con carácter meramente informativo. Es decir, la ordenanza contempla primero un periodo para poner en marcha el sistema y familiarizar a la ciudadanía con su funcionamiento; después, otro tramo antes de que las infracciones puedan acarrear multas.
Ese calendario es ahora el aspecto local que habrá que revisar a la luz de la reforma estatal. El Ministerio menciona expresamente las moratorias "excesivamente prolongadas" para aplicar sanciones y señala que las ordenanzas deben aplicar el régimen sancionador sin sistemas transitorios que retrasen su efectividad. Pero la nota ministerial no especifica cómo se aplicará ese criterio a los calendarios que ya están recogidos en ordenanzas municipales, ni permite concluir por sí sola que el plazo de Santa Cruz vaya a modificarse.
Qué vehículos podrán acceder a la zona
La ZBE de Santa Cruz abarca una parte amplia del centro de la ciudad. La ordenanza identifica 92 calles, plazas, paseos y pasajes, completos o en algunos tramos, dentro del perímetro. Entre las vías incluidas figuran la avenida del Barranco de Santos, Francisco La Roche, la avenida Marítima, Méndez Núñez, La Marina, El Pilar, Castillo y la plaza de Weyler, además de calles de El Toscal y del entorno del centro.
La regulación permite el acceso general a los vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO o Cero. Las restricciones se dirigen principalmente a los vehículos que no tienen etiqueta, aunque la ordenanza contempla autorizaciones y excepciones para distintos supuestos. Entre ellos están los residentes dentro de la zona, las personas con garaje, trabajadores y autónomos con actividad en el perímetro, familias numerosas, alumnado y pacientes que necesiten acudir a centros sanitarios. También prevé autorizaciones para vehículos que se dirijan a determinados aparcamientos, talleres y hoteles, entre otros casos.
Las limitaciones se aplicarán, con carácter general, de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas. Fuera de esa franja, la ordenanza permite el acceso con independencia de la etiqueta ambiental. En consecuencia, no tener distintivo no implica por sí solo que un vehículo tenga prohibido entrar en cualquier circunstancia: también cuentan el horario, el motivo del desplazamiento y las excepciones previstas.
Más de 51.000 vehículos censados no tienen etiqueta
Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes a 2025 contabilizan 51.390 vehículos sin distintivo ambiental en Santa Cruz, el 28,2% de los 182.362 vehículos censados en el municipio. La cifra ayuda a medir la dimensión del parque potencialmente afectado, pero no significa que todos esos vehículos vayan a tener prohibido el acceso: la ordenanza permite autorizaciones para distintos colectivos y necesidades. Además, los datos municipales no incluyen los vehículos registrados en otros municipios que se desplazan habitualmente hasta la capital.
El parque también está envejecido: 59.429 de los 119.564 turismos censados en Santa Cruz tienen 15 años o más, casi la mitad. El dato añade contexto a una implantación que puede afectar a personas que no siempre tienen capacidad económica para renovar el coche. La ordenanza prevé una autorización temporal por insuficiencia económica, sujeta a requisitos de ingresos y a la falta de otro vehículo con distintivo admitido.
Qué exige la nueva regulación
La reforma estatal busca que las ZBE no se queden en una delimitación territorial. Las entidades locales obligadas deberán acreditar documentalmente que las restricciones según el potencial contaminante de los vehículos están en vigor y que funcionan los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento. También tendrán que aplicar el régimen sancionador contemplado en la normativa estatal de tráfico.
El Gobierno justifica el cambio por deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de la norma. Entre ellas cita zonas sin restricciones vinculadas a las emisiones de los vehículos, ámbitos territoriales que considera insuficientes y moratorias prolongadas antes de aplicar sanciones. La acreditación del cumplimiento, añade el Ministerio, permitirá evaluar la eficacia de cada zona y podrá servir de referencia para instrumentos de financiación destinados a transformar el transporte urbano.
La Ley de Cambio Climático obliga a establecer zonas de bajas emisiones a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. El Real Decreto de 2022 fijó los requisitos mínimos para su implantación.
En Santa Cruz, la pregunta pendiente es si la reforma exigirá ajustar el calendario sancionador de la ordenanza, que fija el inicio de las multas a los 36 meses de su entrada en vigor. Para responderla habrá que esperar al texto publicado en el BOE y a la valoración municipal. Por ahora, el Ministerio ha anunciado que quiere evitar demoras en la aplicación de sanciones, pero el Ayuntamiento no ha confirmado ningún cambio en las fechas previstas para la ZBE de la capital.
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