Siete tripulantes indios del carguero United S, interceptado a unos 500 kilómetros de Canarias con cerca de diez toneladas de cocaína, se encuentran en situación de calle en Santa Cruz de Tenerife mientras esperan la celebración del juicio. Los marineros, en libertad provisional, están obligados a comparecer todos los lunes en el juzgado, carecen de pasaporte y aseguran no disponer de recursos económicos, ya que la compañía responsable del buque les adeuda cinco meses de salario, que cifran en unos 400 dólares.

Uno de ellos, Amit Gudrel, explica junto a otros cuatro compañeros —Deepanshu Choudhary, Himanshu Chaudhary, Chandrasen Yadav y Vishal Kumar— el limbo en el que se encuentran, al no poder abandonar España ni contar con un lugar estable donde dormir. Aunque no disponen de plaza alojativa, están siendo atendidos por el albergue municipal, donde reciben comida, ropa y acceso a aseo.

“Pensábamos que era pescado salado”

Según su testimonio, su papel a bordo del carguero era el de simples marineros, ajenos a la carga de droga incautada. Relatan que inicialmente pensaron que el material que subieron al barco era pescado salado, tal y como les indicaron los oficiales del buque, incluso cuando se produjo la primera entrega en alta mar desde otra embarcación.

La situación, aseguran, cambió cuando dos hombres armados, de nacionalidad serbia y posteriormente detenidos, les obligaron a almacenar el cargamento. Gudrel afirma que les ordenaron esconder las cajas entre una montaña de sal que transportaba el barco, lo que les resultó sospechoso desde el primer momento.

“No sabíamos qué era y no queríamos tocarlo”, señala el marinero, quien asegura que, tras negarse inicialmente, fueron amenazados de muerte. Según su relato, los hombres armados les apuntaron con armas de fuego y les advirtieron de que, si no obedecían, “nos dispararían y nos tirarían al mar”.

Las amenazas, añade, se repitieron durante varios días con cada nueva entrega de fardos —un total de 37, según la Policía Nacional—, lo que les llevó a colaborar por miedo a represalias. Cuando el barco fue finalmente abordado por las fuerzas de seguridad, Gudrel asegura que lo vivieron como un alivio y afirma que facilitaron a los agentes información y pruebas, incluido un teléfono móvil con mensajes y registros del viaje.

Tras pasar a disposición judicial, los siete tripulantes quedaron en libertad provisional, entregaron sus pasaportes originales —conservan una copia— y desconocen cuánto tiempo se prolongará el proceso. “No sabemos si será un mes o un año, nadie nos lo dice”, lamenta Gudrel, quien relata que durante varios días durmieron en la calle hasta recibir ayuda de trabajadores sociales y voluntarios.

Regresar a su país

El frío, la falta de dinero y el miedo a la zona donde se encuentra el albergue, que describen como conflictiva, se suman a la incertidumbre judicial. “No conocemos la ciudad, no tenemos teléfono”, explica el marinero, que asegura que su único deseo es regresar a la India, algo que ya han podido comunicar a sus familias tras recuperar el contacto.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, reconoció en declaraciones a EFE que la situación ha cogido al consistorio por sorpresa y sostuvo que debe ser la Delegación del Gobierno la que ofrezca una solución alojativa. “Les hemos facilitado alimento, aseo y ropa y hemos solicitado a la Delegación que les proporcione algún recurso, ya que es la administración la que les ha dejado en esta situación de vulnerabilidad”, afirmó.