Ocho personas vivían empadronadas en las casetas de campaña de la azotea de Santa Cruz, dos menores

Servicios Sociales no ha tenido que intervenir por los menores, aunque el área municipal ha avisado de que está pendiente del asunto

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Azotea con casetas de campaña en la calle Castellón de la Plana en Santa Cruz de Tenerife./ REDES
Azotea con casetas de campaña en la calle Castellón de la Plana en Santa Cruz de Tenerife./ REDES

Una madre y sus dos hijos, de origen italiano, están empadronados en la caseta de campaña en una azotea de una vivienda en en la calle Castellón de la Plana de Santa Cruz de Tenerife que se alquila desde hace años a través del portal de alquiler vacacional Airbnb por 12 euros la noche.

Según han informado EFE, el consistorio ya ha retirado todas las tiendas de la azotea. Los menores y su madre estaban empadronados junto a otras cinco personas en la vivienda de la mujer que gestionaba presuntamente el alquiler de las casetas en la azotea.

Servicios Sociales pendiente de los niños

Además, según el consistorio, el área de Servicios Sociales no tiene constancia de que haya algún problema que afecte a los menores en cuestión, si bien este área se encuentra "pendiente por si se requiere su intervención, pero por el momento no ha sido requerida".

En los últimos días, y después de que el periódico El Día avanzase el caso y se viralizasen las fotos, en las que se pueden ver varias casetas de campaña al sol en una azotea, el ayuntamiento ha conseguido notificar a la propietaria del segundo piso, que presuntamente coordina el alquiler de las casetas, que cese la actividad "clandestina".

Sanción

La azotea se encuentra en la calle Castellón de la Plana de la capital tinerfeña y para este hecho el consistorio prevé que la sanción, calificada como "muy grave", pueda oscilar entre los 15.000 y los 30.000 euros de multa.

Al parecer, una de las vecinas del bloque, ajena a la actividad, había denunciado la situación desde hacía al menos año y medio, si bien no ha sido hasta esta semana cuando tras una inspección de la Policía Nacional y una visita de la gerencia de Urbanismo, que ha derivado en la notificación de cese de actividad, cuando se ha precintado la azotea y se ha incoado el expediente.