El PSOE de Tenerife ha elevado el tono sobre la situación del Auditorio de Tenerife Adán Martín y reclama que sea el arquitecto Santiago Calatrava quien asuma el coste de su reparación. La formación denuncia, además, un retraso de dos años en la tramitación del proyecto por parte del actual gobierno del Cabildo.
El portavoz socialista, Aarón Afonso, ha valorado la publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia como un avance necesario, aunque insuficiente. “Es un paso que había que dar, pero llega dos años tarde”, advirtió.
Retraso acumulado
Según explica el PSOE, el origen del problema se remonta a junio de 2022, cuando el anterior gobierno insular exigió responsabilidades por los vicios ocultos detectados en la infraestructura. En ese momento se fijó un plazo de 19 meses para presentar el proyecto técnico, con vencimiento en enero de 2024.
Sin embargo, los socialistas sostienen que el actual Ejecutivo insular, liderado por Rosa Dávila, ha concedido sucesivas prórrogas. El resultado, apuntan, es que el proyecto no se presentó hasta febrero de 2026, acumulando así un retraso de dos años.
Afonso considera que esta demora refleja una falta de firmeza en la defensa del interés público ante los responsables de la obra.
Quién debe pagar
El Grupo Socialista insiste en que la reparación del Auditorio es urgente e imprescindible para garantizar la seguridad del edificio, uno de los principales iconos culturales de Tenerife. No obstante, rechaza que el coste recaiga sobre la ciudadanía.
“Los errores constructivos no pueden pagarlos los tinerfeños”, subrayó Afonso, quien defiende que la responsabilidad debe recaer en Calatrava y las empresas constructoras implicadas en el proyecto original.
Esta posición marca una línea clara: apoyo a la ejecución de las obras, pero oposición frontal a su financiación pública si existen responsabilidades técnicas previas.
Coste millonario
El debate se intensifica por el impacto económico de la intervención. El proyecto contempla una inversión de 16,48 millones de euros sin IGIC, que supera los 17,6 millones con impuestos.
No obstante, el PSOE advierte de que esta cifra podría quedarse corta. Ya en 2022 se estimó que el coste real podría aumentar al incluir el lucro cesante derivado de un posible cierre temporal del recinto durante las obras.
Exigen transparencia
Los socialistas critican que el gobierno insular haya optado por una estrategia de negociación y prórrogas en lugar de exigir responsabilidades desde el inicio. A su juicio, esto ha retrasado la solución de un problema estructural en una infraestructura clave.
En este contexto, reclaman transparencia, rigor y determinación para evitar que la reparación del Auditorio se convierta en una nueva carga económica para la ciudadanía.
Pese a las críticas, el PSOE reitera su apoyo a la ejecución de las obras, aunque insiste en que la solución debe pasar por depurar responsabilidades y proteger el interés público.