La gestión de la guagua turística de Santa Cruz de Tenerife ha pasado de depender de la Junta de Gobierno local a ser competencia de la concejalía de Empleo, Comercio y Turismo, dirigida por Carmen Pérez, que asumirá las principales competencias sobre la concesión del servicio, incluida la decisión sobre una eventual segunda línea.
Así consta en un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mediante el que el ayuntamiento delega en la edil las facultades relativas a la explotación de la guagua turística adjudicada a la UTE City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife.
Entre las competencias que asume destacan la aprobación o denegación de los paquetes combinados que pueda comercializar la concesionaria, la resolución de solicitudes presentadas por la empresa, la tramitación de expedientes sancionadores y, especialmente, "la aprobación o denegación del Plan de Implantación de la Línea 2".
Una concesión adjudicada en 2025
El servicio de guagua turística de Santa Cruz de Tenerife fue adjudicado por la Junta de Gobierno el 24 de febrero de 2025 a la UTE City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife, integrada por City Sightseeing España y Compañía Hispalense de Tranvías. Posteriormente, el contrato se formalizó el 16 de junio de 2025 y la guagua turística comenzó a operar el 12 de agosto de ese mismo año, bajo la supervisión de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
La concesión recuperó para la ciudad un servicio turístico que había desaparecido tras la pandemia y se configuró como un modelo de autobús panorámico de tipo hop-on hop-off, que permite subir y bajar libremente durante la vigencia del billete.
La concesión no ha estado exenta de polémica. La adjudicación a la UTE City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife fue recurrida ante los tribunales por las empresas Sevirama S.L. y Julia Travel S.L., que participaron en el concurso y presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno. El Ayuntamiento tuvo que personarse en el procedimiento judicial y remitir el expediente al juzgado, aunque el litigio no impidió la puesta en marcha del servicio.
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