La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tiene solamente un radar móvil, integrado en un vehículo, para captar la velocidad a la que se circula en sus calles. Y este único radar lleva inutilizado desde agosto de 2025 porque el contrato de mantenimiento del mismo venció y la ciudad no había preparado una nueva licitación a tiempo, según ha confirmado Atlántico Hoy.
Aunque ahora esa licitación ya está hecha y adjudicada desde el 9 de febrero a la empresa Tradesegur, S.A., que se encargará de gestionar su mantenimiento los próximos cuatro años por 33.598 euros, la Policía Local no ha podido realizar controles de velocidad durante medio año por esta dilatación del proceso administrativo.
Lucro cesante de miles de euros
Esto supone un lucro cesante de decenas a cientos de miles de euros para la recaudación municipal gracias a las multas. Por cada vehículo que sobrepasa 20 kilómetros por hora el límite de velocidad, se impone una sanción de 100 euros, cuantía que aumenta para velocidades mayores. Según los datos del propio ayuntamiento, en 2023 (último del que hay registro público) se emitieron 2.775 sanciones con este cinemómetro, lo que suma una recaudación de, al menos, entre 138.750 y 277.500 euros.
Esta cifra es el resultado de multiplicar el número de sanciones por 100 y por 50 euros, asumiendo que un porcentaje de los multados se beneficiaron de la reducción por pronto pago. El cálculo supone asumir, también, que todas las multas fueron por circular hasta 20 kilómetros por hora por encima del límite. Dado que las sanciones aumentan por conforme lo hace la velocidad sobrepasada, la recaudación probáblemente fue mayor.
La calibración en el CEM
El cinemómetro debe pasar una calibración anual en el Centro Español de Metrología (CEM), un laboratorio oficial radicado en Madrid que realiza los controles metrológicos sobre todos los tipos de cinemómetros de los distintos cuerpos policiales de Espala, según se especifica en la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre. Entre estos controles, se encuentra la evaluación de conformidad de todos los tipos de radares, así como las verificaciones posteriores de estos.
Su calibración es esencial, porque permite certificar no sólo que el radar mide bien la velocidad, sino que es capaz de determinar con precisión otros factores como la hora, el día, la ubicación geográfica exacta del lugar de la infracción y la toma de fotografías. Estos datos son fundamentales para que la denuncia no revista defectos de forma.
Recién adjudicado
Según un escrito remitido el 11 de febrero por la concejal de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad Uiversal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León (CC), al Grupo Municipal Socialista, el nuevo contrato tiene una duración improrrogable de cuatro años y sufraga "todas las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio, incluyendo tanto los preventivos como los correctivos, así como los controles metrológicos que cada equipo debe superar anualmente en el CEM, según determina la legislación vigente".
El escrito añade que el contrato se adjudicó "el 17 de enero de este año 2026", siendo formalizado "el pasado lunes día 9 de febrero", aunque a la Policía Local capitalina no le consta, todavía, que el radar haya sido calibrado y esté ya en uso.
La última multa
El citado escrito respondía a una pregunta lanzada en la comisión de control de febrero por el PSOE. Días después, el día 25, De León remitió a los socialistas otro escrito dando respuesta a una nueva pregunta de los socialistas, esta vez por el pleno de dicho mes. El PSOE preguntaba por la última multa de velocidad interpuesta en Santa Cruz de Tenerife.
El consistorio capitalino responde: "Según consta en el aplicativo Estima, la fecha que se impuso una sanción por exceso de velocidad por última vez fue el 8 de enero de 2026, momento en el que fue notificada la resolución sancionadora por circular con un vehículo rebasando la velocidad máxima permitida hasta en 20 kilómetros por hora en vía urbana o travesía".
Sin respuesta del ayuntamiento
Por cuestiones evidentes, la fecha señalada en la respuesta no es en la que se produjo la infracción, pues como confirma la Policía Local a este medio, el cinemómetro ha estado inutilizado desde agosto por no haberse adjudicado el contrato de mantenimiento. La propia respuesta da la clave al referir que es la fecha en la que "fue notificada la resolución sancionadora". Es decir, el día en el que le llegó la multa al vecino sancionado.
Atlántico Hoy ha pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife unas declaraciones de la concejal Gladis de León sobre las razones por las que no se licitó a tiempo el contrato de mantenimiento, provocando que durante más de seis meses la Policía Local no haya podido hacer uso de su radar móvil, pero la edil no ha contestado a esta solicitud.