Zaida González, máxima responsable de la Gerencia de Urbanismo y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, durante la Comisión de Control al gobierno municipal, ha defendido el aprovechamiento que se está haciendo de las herramientas que ofrece el Decreto ley 3/2025 para seguir acortando los plazos de las licencias urbanísticas, especialmente las vinculadas a vivienda, sin renunciar a las garantías que exige la normativa.
La concejal explicó que, “hoy por hoy, las licencias de edificación se están resolviendo en una media de entre tres y cinco meses cuando la documentación se presenta completa”
Decreto para agilizar licencias
El Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, abrió una oportunidad para los ayuntamientos canarios ofreciendo más agilidad para la tramitación de licencias urbanísticas, lo que contribuye al impulso de la construcción de viviendas.
Según lo expresado, la norma articula una doble vía. Por un lado, permite que los propios ayuntamientos contraten, con medios propios o a través de entidades urbanísticas de colaboración, la realización de los informes técnicos necesarios en cada expediente. Por otro, ofrece a los promotores y particulares la opción de contratar directamente esos informes con colegios profesionales o entidades habilitadas e incorporarlos a la documentación que presentan ante el consistorio.
Santa Cruz no externaliza sus informes
“No solo no hemos querido no acogernos al decreto, sino que estamos absolutamente abiertos a que se agilicen todavía más los procedimientos", defendió González durante la comparecencia a petición del Grupo Municipal VOX.
Apunta la concejal que la Gerencia ha elegido una fórmula intermedia que permite que cualquier persona promotora pueda contratar los informes técnicos con colegios profesionales o entidades habilitadas inscritas en el registro del Gobierno de Canarias y presentarlos junto a su solicitud, pero el Ayuntamiento no ha recurrido, de momento, a concertar directamente esos servicios con entidades externas para sus propias licencias de edificación.
Celeridad
El motivo, explicó, es que la propia Gerencia ha logrado dar “celeridad” a estos expedientes con sus medios, hasta situarse en el entorno de los tres meses de resolución cuando el expediente entra completo, ampliándose hasta cinco si hay subsanaciones o correcciones.
En cambio, sí se ha optado por colaborar con el Colegio de Arquitectos en la revisión de comunicaciones previas, un campo donde el decreto también ofrece margen para apoyarse en entidades especializadas.
Plazos, garantías y papel de los técnicos
Desde el Grupo Municipal Socialista se valoraron como “razonables” los plazos de tres meses que apuntó la concejal para la resolución de licencias, recordando que coinciden con los tiempos marcados por la ley. En ese contexto, defendieron que no parece necesario encargar informes a entidades colaboradoras si la Gerencia está cumpliendo ya esos márgenes temporales con su propio equipo técnico.
Los socialistas pusieron el acento en el trabajo de la plantilla municipal, que no solo revisa la legalidad urbanística de viviendas, sino también de otras actividades y eventos en la ciudad, y subrayaron que parte de los retrasos en algunos expedientes tiene más que ver con las "idas y venidas por subsanaciones" que con la propia velocidad de respuesta de la administración.
Nueva vía
En su intervención, González aportó también que, de momento, ningún promotor había presentado en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz un expediente de licencia de edificación utilizando la nueva vía prevista por el decreto, es decir, aportando informes contratados con entidades externas habilitadas.
La concejal dijo desconocer si esta herramienta se está usando más en otros municipios, donde los tiempos de tramitación podrían ser más largos, pero dejó claro que en Santa Cruz no hay, por ahora, experiencia práctica en ese sentido.
González aseguró que, desde su llegada a la Gerencia, los plazos han pasado de alrededor de nueve meses para la primera revisión técnica a los actuales tres meses de media cuando la documentación está completa, un cambio que atribuye al esfuerzo sostenido de los funcionarios.