La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife vuelve a escena. No por su puesta en marcha, sino por un nuevo avance administrativo que, lejos de acelerar su implantación, confirma que el proyecto sigue avanzando a otro ritmo.
La Junta de Gobierno municipal abordará en los próximos días el borrador de la ordenanza que regulará esta zona restringida al tráfico en el centro de la ciudad. Un trámite necesario, sí, pero todavía lejos de traducirse en cambios reales para la movilidad.
Una ZBE que no termina de arrancar
El calendario de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz lleva años estirándose. Inicialmente, su implantación estaba prevista para finales de 2023, en línea con la normativa europea que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con este tipo de medidas.
Sin embargo, la realidad ha sido otra. En 2023 ya se anunció un primer retraso hasta 2024. Ahora, en 2026, el proyecto sigue en fase administrativa y con un horizonte claro: no se aplicará de forma efectiva hasta 2029.
La propia ordenanza contempla periodos de adaptación amplios: 18 meses para que los vehículos se inscriban en el registro municipal y hasta 36 meses antes de empezar a sancionar. En la práctica, eso supone que la ZBE tardará varios años más en tener impacto real.
Qué es lo que se plantea ahora
El documento que se someterá a aprobación inicial define cómo funcionará esta futura zona restringida. El ámbito se situará en el centro de la ciudad, delimitado por el Barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga.
Dentro de ese perímetro, las limitaciones al tráfico se aplicarían de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas. Pero no todos los vehículos se verán afectados. De hecho, la mayoría podrá seguir accediendo sin problema.
Qué coches tendrán restricciones
Las limitaciones se centran en los vehículos más antiguos: los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006.
El resto —incluidos los que cuentan con distintivo ambiental— podrá circular libremente. Tampoco habrá restricciones para bicicletas, patinetes o ciclomotores. En este sentido, el modelo planteado en Santa Cruz es relativamente flexible si se compara con otras ciudades españolas.
Un sistema lleno de excepciones
Uno de los aspectos más llamativos del borrador es la cantidad de excepciones previstas. El acceso estará permitido, previa inscripción o autorización, a residentes, servicios públicos, taxis, transporte sanitario, personas con movilidad reducida o profesionales que trabajen dentro de la zona.
También podrán entrar vehículos vinculados a comercios, reparto de mercancías, centros educativos o actividades económicas. Incluso se contemplan casos como visitas médicas, acceso a garajes privados o atención a personas dependientes.
Una apuesta ligada a fondos europeos
La Zona de Bajas Emisiones forma parte de un plan más amplio de movilidad sostenible financiado con fondos europeos Next Generation.
Este programa incluye, además, la incorporación de guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga o la reurbanización de calles como Imeldo Serís o La Rosa. La idea es transformar progresivamente la movilidad en la capital tinerfeña, reduciendo emisiones y ruido.
Entre la sostenibilidad y la realidad urbana
El objetivo de fondo está claro: mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible. Pero el ritmo al que avanza el proyecto ha generado dudas.
En otras ciudades españolas, las ZBE ya están en funcionamiento. En Santa Cruz, en cambio, el proceso sigue acumulando fases, alegaciones y plazos.
Un proyecto que sigue en construcción
El borrador aún debe pasar por el pleno municipal, abrirse a exposición pública y recibir posibles modificaciones antes de su aprobación definitiva. Es decir, todavía queda recorrido administrativo antes de que la Zona de Bajas Emisiones sea una realidad tangible.
Mientras tanto, la ZBE, tres años después de la fecha prevista, continúa siendo más un proyecto en desarrollo que una medida aplicada.