El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido al Gobierno de Canarias para solicitar, formalmente, la suspensión del planeamiento en los suelos ocupados por la refinería de Santa Cruz, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del plan “Santa Cruz Verde 2030”, el mismo que permitirá el aprovechamiento de esos espacios para la ciudad una vez que la industria finalice el proceso de desmantelamiento en el que se encuentra inmersa.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, se ha dirigido tanto a la Presidencia del Gobierno de Canarias, como a la Consejería de Planificación Territorial, explicando la necesidad de buscar una fórmula que permita agilizar la ordenación de estos suelos, trabajando en ella de forma paralela al proceso de salida de la Refinería del municipio.
Ciudad sostenible
El regidor municipal abunda en que “queremos una ciudad sostenible y para eso es necesario el concurso de todas las administraciones que tiene que ver con este gran proyecto que son las del Gobierno de España, el de Canarias, Cabildo de Tenerife, Autoridad Portuaria, y, por supuesto, el propietario de los terrenos, en este caso, Cepsa”.
La petición para suspender los instrumentos del planeamiento en estos suelos, detalla Bermúdez, "es la forma más rápida para coordinar a todas las administraciones públicas". Para el alcalde "es un sistema que la ley prevé, y es mucho más rápido”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, apunta que un estudio técnico elaborado desde la Gerencia de Urbanismo "detalla que las distintas opciones para el desarrollo del planeamiento llevan aparejadas complicaciones que solo con la aplicación de la suspensión de la ordenación prevista en el artículo 168 de la Ley del Suelo, se verían superadas”.
En el documento enviado al Gobierno de Canarias, el ayuntamiento solicita al Gobierno regional la tramitación, en virtud del artículo 168 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), del procedimiento de suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la refinería, a fin de lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del plan “Santa Cruz Verde 2030”.
Alternativas
Las alternativas posibles recogidas en la LSENPC y que han sido analizadas por Urbanismo pasan por cuestiones como la modificación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), para que esos terrenos dejen de ser considerados de uso industrial, una solución que lleva aparejada la modificación puntual del planeamiento en vigor o de la inclusión en el nuevo PGO.
En cualquier caso, esta opción “resulta harto compleja, además de su dilatación en el tiempo, puesto que en el caso de que efectivamente llegara a aprobarse, habría a posteriori que tramitar y aprobar la ordenación urbanística, coordinándola, con el resto de instrumentos que le afectan, con las limitaciones que ello supone de cara al modelo a plantear”.
Otra de las alternativas es declarar el Plan Santa Cruz Verde 2030 como un proyecto de interés insular, tal y como permite la Ley del Suelo, sin embargo, lo que no permite es que esa declaración sea usada para la implantación usos residenciales y turísticos alojativos, lo que no encaja con la proyección para ese espacio.
Una vía posible
Así las cosas, y de acuerdo con la LSENPC, solo queda una vía posible, regulada en el artículo 168, que prevé: “excepcionalmente, cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico relevante, el Gobierno de Canarias, de oficio, bien por iniciativa propia, bien por petición de otras administraciones o de particulares, podrá suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende que “la excepcionalidad que preside la regulación de este instrumento se justifica en que, tal como se expuso con anterioridad, la recuperación de estos suelos para Santa Cruz de Tenerife puede constituir la operación urbanística más relevante de las próximas décadas, no solo a nivel insular y autonómico sino nacional, en la que no cabe duda que se aúnan el interés público, social y económico”.