El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Gobierno de España que ordena retirar del espacio público el conocido como monumento a Franco. El consistorio solicita también la suspensión cautelar de su desmantelamiento al considerar que "podría provocar daños irreversibles" en el conjunto escultórico y un riesgo de derrumbe en el acuartelamiento de Almeyda.
La presentación del recurso ha sido adelantada por El Día y Europa Press. Atlántico Hoy ha tenido acceso al escrito, firmado el pasado 29 de octubre en el que el ayuntamiento expone los argumentos con los que pretende frenar la retirada del monumento.
El recurso se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del 28 de agosto de 2026, que confirmó la decisión adoptada el 29 de junio de incluir el denominado Monumento a la Victoria en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Riesgo de derrumbe del cuartel de Almeyda
Uno de los principales argumentos del ayuntamiento es el posible riesgo de derrumbe del muro de contención del acuartelamiento de Almeyda, situado detrás del monumento. Según recoge el escrito, el desmantelamiento "obligaría a intervenir sobre una estructura que cumple funciones de sostenimiento de los terrenos militares". El consistorio hace referencia a un informe técnico municipal del 28 de octubre y a documentación histórica de 1965, cuando durante las excavaciones para construir el monumento "se produjo el derrumbamiento de una pared de sostenimiento del cuartel".
El ayuntamiento también sostiene que la retirada "supondría una intervención irreversible sobre la escultura de Juan de Ávalos, formada por diferentes piezas ensambladas, con posibles daños estructurales, materiales y estéticos que considera de imposible reparación". Los servicios jurídicos municipales afirman que obligar a desmontar y almacenar la obra "equivaldría a provocar su ruina técnica y destrucción material".
Elevado coste y cortes de tráfico
El recurso también advierte de las consecuencias económicas y urbanísticas de la retirada, ya que el monumento "ocupa aproximadamente 770 metros cuadrados en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche, conocida como avenida de Anaga". En este sentido, según el Ayuntamiento, las obras de desmantelamiento "serían de gran envergadura y obligarían a cortar la circulación, al menos parcialmente, durante un periodo prolongado en estas dos vías del centro de la capital".
A ello suman la necesidad de "reorganizar el espacio urbano, sustituir los elementos retirados y habilitar dependencias municipales para almacenar las piezas del conjunto escultórico". El consistorio señala que todas estas actuaciones "supondrían un elevado coste para las arcas municipales" y por ejemplo cita dos informes técnicos que contienen estimaciones económicas.
Los servicios jurídicos municipales consideran que ejecutar estas actuaciones antes de que exista una sentencia "podría hacer perder su finalidad al procedimiento judicial", ya que sería "muy difícil revertir las obras si finalmente la Audiencia Nacional diera la razón al ayuntamiento".
Defensa del valor artístico
Otro de los argumentos municipales se centra en el "valor artístico, arquitectónico y urbano de la obra". El recurso destaca que se trata "de la única escultura de Juan de Ávalos existente en Canarias" y recuerda que forma "parte del paisaje de Santa Cruz desde 1966". El ayuntamiento cuestiona "que el origen propagandístico del monumento impida valorar de forma independiente sus cualidades artísticas" y defiende que "la legislación de memoria democrática contempla excepciones para determinadas obras de singular valor".
Asimismo, señala que actualmente se encuentra en tramitación su incorporación al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife. El consistorio solicita a la Audiencia Nacional que "suspenda cautelarmente la retirada del monumento, su depósito y custodia y el requerimiento de ejecución voluntaria" mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Antecedentes
En junio de 2026, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), una decisión que quedó posteriormente formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Ese mismo verano, el Gobierno central acordó incluir el conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada del espacio público.
El Ayuntamiento presentó inicialmente un recurso de alzada contra la decisión estatal, que fue rechazado. Posteriormente, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunció su intención de acudir a la vía judicial para defender la conservación del monumento y plantear su posible resignificación.
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