Este martes, cerca de 30 colectivos representados se manifestaron a las puertas del Parlamento de Canarias para protestar contra el cambio de modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el que trabaja el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un modelo que pasa por desligarse de la administración pública para privatizar sus servicios.

Una decisión que desde el primer momento fue vista como una afrenta por los y las trabajadoras del servicio, por el que temen, entre otras cosas, problemas con sus rentas.

Proclamas

Por ello, cerca de 200 personas han querido desplazarse hasta el entorno del Parlamento y demostrar su indignación mientras en la Cámara se avanzaba en una enmienda que facilitaría el movimiento del Consistorio capitalino.

“Enmiendas a traición, chapuza de gestión”; “El SAD no se vende, se dota y se defiende” o “Servicios a prestar, el SAD municipal" fueron algunas de las proclamas de los asistentes a la movilización.

Cambio de modelo "antidemocrático"

Entre ellos, la portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, Carmen Pérez. “Para hacer ese modelo necesitan modificar las propias leyes, la Ley de Bienestar Social e, incluso, van a necesitar modificar las leyes estatales”, ha afirmado en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy.

“Para modificar esas leyes necesitan un debate sosegado y eso no va a ser porque deben de tener mucha prisa en privatizar el servicio, porque lo van a realizar hoy a través de una enmienda a los presupuestos para el 2025”, agregó molesta, antes de aseverar que “aprovechan esa vía para modificar leyes y a nosotros eso nos parece que es, como mínimo, antidemocrático”.

Prestaciones

La principal queja sobre la que gira la controversia es que el ayuntamiento dejará de tener una vinculación directa con los usuarios y las empresas. Deja de ser el intermediario. “Lo va a hacer a través de un contrato de colaboración con las empresas y lo va a hacer con un dinero que es como si fuera un pago a los usuarios, pero que ya digo que no lo recibe. Lo van a recibir las empresas”, señala Carmiacu, como se le conoce popularmente.

“Va a ser un dinero que se añada a la renta de la persona, a la renta del usuario, y esto tiene implicaciones muy directas en las pensiones”, expresa sobre la posible afección, o no, de que el cambio de modelo afecte a las pensiones no contributivas, algo que negó que pudiera ocurrir la concejal del IMAS, Charín González.

Hacienda

Asimismo, indica la presidenta de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias que el cambio de modelo también tiene unas “implicaciones en todo lo que tiene que ver con Hacienda, puesto que ya se les obligará a hacer declaración de Hacienda cobren lo que cobren y, por otro lado, al aumentarse ese dinero a las cuantías, por ejemplo, de una pensión no contributiva, nos encontramos con la paradoja de que pasaría el nivel de renta exigido para darte una pensión no contributiva. Con lo cual, o te dan la pensión o te dan el servicio”.

Además, quiso resaltar que “la casualidad” de que el SAD es un servicio que es “precisamente para las personas que menos rentas tienen” y, por lo tanto, “serán mayoritariamente personas con pensiones muy bajas, que si son contributivas necesitan ese complemento para llegar al mínimo”.

Contra el ayuntamiento

Con todo, Carmen apunta que quien perdería siempre en todo momento serían las pensiones más bajas “una vez más” y reitera el mensaje de que “el ayuntamiento lo que gana es quitarse el servicio de encima, porque se quita muchas responsabilidades y, además, imposibilita una exigencia de las trabajadoras, que es la municipalización de sus trabajos”.

“Si lo lleva el ayuntamiento se puede organizar pensando en el usuario. Si lo lleva una empresa se va a gestionar pensando en el negocio, porque eso es lo que nos ha demostrado hasta ahora todo”, asevera. “No están en función de la persona, sino en función de la organización que necesita la empresa para sacar mayores beneficios. Por eso, nosotros decimos los servicios privados están para donde no puedan llegar los públicos, que es casi como está la ley”, agrega.

De hecho, valora que se podría llegar a hablar “que esto es anticonstitucional, lo que pasa que sabemos que la Constitución la usan para lo que se quiere”.

Por lo tanto, “no ganamos ni los usuarios, ni las trabajadora. El ayuntamiento deja en la estacada con promesas falsas a las trabajadoras. Promesas que le hicieron hace un año y las propias trabajadoras se han ido dando cuenta a lo largo de todo este tiempo que, efectivamente, las han engañado. O sea, que no ganamos nosotros, sino el ayuntamiento”.