El Tribunal Supremo ha emitido un auto a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz por el que acepta estudiar qué tipos de planeamientos deben ser sometidos a la evaluación ambiental estratégica (EAE) al existir sentencias contradictorias.

Uno de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la corporación local y otro al Gobierno de Canarias, lo que implicó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU-5), por lo que ahora se quiere sentar jurisprudencia definitiva para estos casos.

Debate jurídico

El Ayuntamiento aprobó en enero de 2022 la ordenanza provisional para adaptar el régimen de usos del Plan, después de que en 2017 el TSJC emitiera el fallo que dio lugar a que, tal y como ocurre en la actualidad, el plan vigente sea el de 1992.

El Gobierno canario interpuso un recurso contra el acuerdo plenario de 2022 ante el TSJC, que lo estimó, ratificó la nulidad del PGO y fijó que la EAE debe tener carácter continuo para ver si, en un momento dado, determinado problema tiene efectos ambientales.

Control ambiental

En todo caso, la exclusión de este mecanismo de control básico debe fijarla el órgano ambiental competente sin que sea la administración autora del plan la que pueda determinarla, lo que daría lugar a su anulación, como ocurrió con el PGO de Santa Cruz, según dictaminó el TSJC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz interpuso un recurso de casación recordando las competencias que a las corporaciones locales les otorga la ley y la Constitución, y donde sostiene que la EAE no es un trámite preceptivo en cuestiones como la ordenanza municipal al no generar efectos significativos en el medio ambiente.

Recurso municipal

Para defender su punto de vista, cita fallos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (TC), además de otro pronunciamiento como sentencia de contraste del TSJC, que desestimó el recurso del Gobierno canario por entender que no era preciso este requisito.