Los vigilantes de seguridad de Santa Cruz se movilizan de nuevo contra SH Lanzarote

Mientras las denuncias se amontonan en Inspección de Trabajo por el retraso en los pagos de las nóminas los trabajadores de la empresa de seguridad vuelven a salir a la calle para denunciar que llevan dos meses sin cobrar

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Vigilante de seguridad. / Imagen de archivo
Vigilante de seguridad. / Imagen de archivo

Cada mes de hace prácticamente dos años, los representantes sindicales de USO presentan una denuncia a Inspección de Trabajo por el ingreso tardío de las nóminas de los vigilantes de seguridad de SH Lanzarote en Santa Cruz de Tenerife. Mientras las denuncias se amontonan y sus sueldos siguen sin llegar han pasado a la acción y han convocado una movilización para denunciar que llevan dos meses sin cobrar. 

El próximo 21 de abril, frente a la sede de SH Lanzarote en Tenerife, en La Cuesta, los vigilantes de seguridad tienen planeado denunciar "los continuos incumplimientos por parte de la empresa en los pagos de los salarios fuera de la fecha límite que establece el convenio colectivo y llevando los trabajadores y trabajadoras dos meses sin cobrar", informan desde el sindicato, quienes recalcan que la empresa es adjudicataria de distintos servicios en los organismos oficiales en Santa Cruz de Tenerife. 

Si bien este mismo martes el Ayuntamiento informaba de que el próximo lunes se podría producir el pago de parte de los sueldos atrasados, desde la organización sindical explican que la convocatoria se mantiene porque la problemática no solo se ubica en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino también en otras instituciones donde los vigilantes de seguridad no están cbrando o lo hacen tarde.

Segunda manifestación en abril

El pasado martes 5 de abril, un grupo de trabajadores de SH Lanzarote y familiares se manifestaban a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz para denunciar que la corporación local también tenía responsabilidades con la situación de los vigilantes. Esta movilización se realizaba de la mano del CSIF, que defiende, entre otras cuestiones, que el consistorio tiene responsabilidad subsidiaria y que si finalmente se va a rescindir el contrato se debería hacer cuanto antes, sin esperar. 

La realidad es que, tal y como ha explicado el Ayuntamiento, un embargo pesa sobre la empresa, por lo que emitir los pagos de febrero y marzo no ha sido posible. Justo el día de la manifestación del CSIF en el Ayuntamiento, el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello, se reunía con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para mediar en el embargo a la empresa. La respuesta fue esperar para que se levante este bloqueo y poder emitir los pagos. 

Respuesta de SH Lanzarote

Por parte de la empresa, tras meses de silencio emitió la semana pasada un comunicado a los vigilantes al que ha podido acceder Atlántico Hoy para informarles de que está "peleando en varios frentes" para solucionar "esta situación que no nos gusta en absoluto y que nos incomoda en gran manera". Según ha informado, han solicitado un aplazamiento del pago de la deuda y están a la espera ahora de una "resolución favorable".

Tal y como argumenta SH Lanzarote en el escrito, "al tener la facturación embargada, se está incumpliendo con las entidades bancarias con las que tenemos facturas factorizadas", lo que está provocando que los bancos "no nos financiarán hasta que no recibamos el levantamiento del embargo por parte de la TGSS". 

A su vez denuncian que "hay Administraciones que nos están adeudando facturas de servicios que se vienen prestando y no nos pagan" pero sin mencionar a las causantes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sería uno de esos culpables, ya que esta administración adeuda pagos desde hace más de un año, al no haber formalizado los contratos de 2019.

La respuesta emitida a todos los empleados ha sabido a poco para algunos, que han quitado importancia a lo que dice la empresa tras un año de constantes retrasos y de dos meses sin cobrar. Mientras tanto, algunos trabajadores ya se han visto obligados a recurrir a bancos de alimentos para poder cobrar y ya solo esperan un concurso de acreedores como solución a esta situación, ya que algunos defienden que la Seguridad Social no levantará el embargo y que si no se encuentra una alternativa esta situación durará hasta que finalice el contrato en enero de 2023.

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