Durante la comparecencia de la consejera en el pleno del Parlamento de Canarias a petición de los grupos Popular y Nueva Canarias para hablar de la modificación del decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias, María Teresa Lorenzo ha insistido en lo complicado que es reconciliar los legítimos intereses de las partes implicadas.
La diputada del grupo Popular Astrid Pérez ha reconocido que siente cierta frustración porque el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, dijo en abril de 2015 que, con carácter urgente, se modificaría el citado decreto.
Astrid Pérez ha opinado que no queda otra que regular el alquiler vacacional, de forma que haya redistribución de la riqueza y ha criticado que el gobierno "sólo ha hecho que imponer su modelo anacrónico del todo incluido".
Román Rodríguez puso como ejemplo la ciudad de Barcelona para que no haya viviendas de alquiler vacacional especulativo y ha preguntado cuántas de las 30.000 viviendas que en Canarias utilizan esa modalidad pagan impuestos.
Entre los preceptos anulados está la prohibición de ofrecer servicios alojativos con fines turísticos en viviendas situadas en zonas turísticas o suelos de uso mixto.
María Teresa Lorenzo ha explicado que también hay que responder en el decreto a situaciones como conseguir que esas viviendas respondan a prácticas sostenibles, así como que cumplan con toda la normativa de la comunidad autónoma y un registro de las viviendas y que haya total transparencia.
Ha explicado la consejera que este tipo de servicio turístico fue demandado el pasado año por en torno a 1.209.000 turistas de los casi 15 millones que viajaron a las islas, el 8,61 por ciento, y ha añadido se ha producido un descenso respecto a 2015, cuando se situó en casi el 10 por ciento.
La oferta ha sido el pasado año de casi 30.000 viviendas, con lo que se ha producido un aumento en torno al 6 por ciento, con lo que "no hay boom", y por islas Tenerife es la que más tiene, seguida de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Las competencias
La diputada de Podemos Asunción Delgado ha afirmado que en Canarias no está prohibido este tipo de alojamiento turístico y ha considerado una "atrocidad" la actuación de los agentes que el gobierno canario envía para denunciar este tipo de turismo, pues, ha añadido la comunidad autónoma no tiente competencias para hacerlo.
Asunción Delgado ha afirmado que además se vulnera la Constitución con el decreto del gobierno canario y ha criticado el recurso presentado por el ejecutivo, para reclamar una regulación que beneficie al máximo número de personas en toda Canarias, y apuntó la posibilidad de limitar a dos el número de propiedades por persona.
La diputada de Podemos ha señalado asimismo que esta actividad no debe ser profesionaliza y debe declararse en el IRPF como rendimiento inmobiliario, y también ha apostado por limitar el número de turistas para evitar la masificación.
La diputada del grupo Socialista Rosa Bella Cabrera ha indicado que el gobierno canario tiene un "papelón" por la dificultad de conciliar todas las opiniones, y ha reclamado que se regule la actividad con el mayor consenso posible.
El diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz ha señalado que esta modalidad turística esta regulada, si bien ha reconocido que el decreto "ha sido tumbado" en los juzgados, y también ha apostado por la sostenibilidad del destino