El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley de Cámaras de Comercio, un texto que suscita dudas en algunos grupos por la falta de garantía respecto a la financiación presupuestaria de estas entidades y por la capacidad de la administración de vetar acuerdos camerales.
Aunque el PSOE y NC han dado un apoyo general al texto, las enmiendas parciales que han mantenido en el pleno han sido derrotadas con los votos de CC, PP y ASG, que tampoco han admitido las propuestas de Podemos, único grupo que se ha opuesto a la nueva normativa.
La falta de concreción para que los presupuestos autonómicos financien obligatoriamente los gastos de funcionamiento y los servicios encomendados por la administración a las cámaras de comercio ha sido una de las principales críticas de Podemos y NC.
Otro de los puntos a los que se han opuesto Podemos y NC es que el Consejo General de Cámaras, un nuevo órgano en el que estarán representadas las cámaras de comercio de las islas, no podrá adoptar acuerdos si estos no son ratificados por la administración autonómica.
En cuanto a las funciones, la ley define que las cámaras de comercio podrán establecer planes camerales sobre internacionalización, competitividad y formación profesional, que podrán contar con subvenciones del Gobierno canario.
José Tomás Estalella, del PP, logró introducir una última enmienda en el debate plenario para que no sea incompatible ser empleado de una cámara de comercio y a la vez ser elegido presidente por el pleno.
"Todos han quedado razonablemente insatisfechos", tanto las cámaras de comercio como los grupos parlamentarios, lo cual es positivo, dijo Estalella, quien coincidió con Gustavo Matos en que si en el desarrollo de la ley se detectan deficiencias se podrán corregir con reformas legales en la próxima legislatura.
Concepción Monzón, de Podemos, mostró en cambio su oposición a la ley por la falta de garantías en la financiación, por la ausencia de representación equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno, por la limitación de los planes camerales, por la sobrerrepresentación de las grandes empresas y por la capacidad de veto del Gobierno.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, consideró que será una ley útil pese a la desconfianza de muchas de algunas cámaras de comercio sobre el texto normativo
Aunque el PSOE y NC han dado un apoyo general al texto, las enmiendas parciales que han mantenido en el pleno han sido derrotadas con los votos de CC, PP y ASG, que tampoco han admitido las propuestas de Podemos, único grupo que se ha opuesto a la nueva normativa.
La falta de concreción para que los presupuestos autonómicos financien obligatoriamente los gastos de funcionamiento y los servicios encomendados por la administración a las cámaras de comercio ha sido una de las principales críticas de Podemos y NC.
Otro de los puntos a los que se han opuesto Podemos y NC es que el Consejo General de Cámaras, un nuevo órgano en el que estarán representadas las cámaras de comercio de las islas, no podrá adoptar acuerdos si estos no son ratificados por la administración autonómica.
Eso da, de hecho, capacidad de veto al Gobierno en el caso, por ejemplo, de que las cámaras deciden adoptar algún tipo de recurso ante la administración, dijeron las diputadas Concepción Monzón (Podemos) y Esther González (NC).
El diputado del PP José Tomás Estalella admitió que el Gobierno podrá ejercer ese veto tal y como está redactada la Ley, pero sostuvo que "la idea no es esa".
El objetivo de esa limitación, explicó, es que no se puedan adoptar acuerdos por mayoría de unas cámaras contra otras, y promover así los acuerdos unánimes entre todas, para que así los ratifique el Gobierno.
Socorro Beato, de CC, indicó por su parte que el objetivo de que los acuerdos del Consejo de Cámaras tengan que ser ratificados por el Gobierno canario como órgano tutelante es garantizar que siempre vayan en la línea de defender el interés general.
La financiación
En cuanto a la financiación de las cámaras por los presupuestos autonómicos, la redacción de la Ley deja esa vía financiera en posibilidad, no en certeza, aunque los grupos parlamentarios que apoyaron el texto consideraron que ese es el espíritu de la norma y que cualquier ejecutivo que no lo cumpliera se encontraría con una gran contestación.
Gustavo Matos, del PSOE, mostró su satisfacción por esta ley, cuya tramitación ha sido compleja por la disparidad de intereses y por la heterogeneidad de las cuatro cámaras de comercio canarias, tanto en su ámbito (dos provinciales y dos insulares) como en los servicios que prestan o número de empresas afiliadas.
Consideró que la distribución de la financiación entre las cámaras es equilibrada, justa, objetiva y proporcionada.
Esa distribución de la financiación, según el texto aprobado, se fija según el número de empresas afiliadas (85%) y según los servicios que presten en las islas no capitalinas (15%), para compensar el coste de la doble insularidad.
En cuanto a las funciones, la ley define que las cámaras de comercio podrán establecer planes camerales sobre internacionalización, competitividad y formación profesional, que podrán contar con subvenciones del Gobierno canario.
José Tomás Estalella, del PP, logró introducir una última enmienda en el debate plenario para que no sea incompatible ser empleado de una cámara de comercio y a la vez ser elegido presidente por el pleno.
"Todos han quedado razonablemente insatisfechos", tanto las cámaras de comercio como los grupos parlamentarios, lo cual es positivo, dijo Estalella, quien coincidió con Gustavo Matos en que si en el desarrollo de la ley se detectan deficiencias se podrán corregir con reformas legales en la próxima legislatura.
Socorro Beato, de CC, aseguró que ningún Gobierno "se va a atrever" a dejar a las cámaras sin financiación presupuestaria, "y en todo caso estará el Parlamento para garantizarlo".
Con esta ley "se garantiza la supervivencia de las cámaras y la estabilidad en su funcionamiento", dijo.
Concepción Monzón, de Podemos, mostró en cambio su oposición a la ley por la falta de garantías en la financiación, por la ausencia de representación equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno, por la limitación de los planes camerales, por la sobrerrepresentación de las grandes empresas y por la capacidad de veto del Gobierno.
Esther González, de Nueva Canarias, consideró el texto "aceptable", aunque "no es una buena ley", y centró sus críticas en la financiación, la falta de representación de las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes y el derecho de veto gubernamental sobre los acuerdos del Consejo de Camáras.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, consideró que será una ley útil pese a la desconfianza de muchas de algunas cámaras de comercio sobre el texto normativo