La Comisión Europea (CE) ha aprobado este viernes la corrección de errores del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) que permite una mayor seguridad jurídica para los beneficiarios de las islas, una reforma que trabajó la Consejería de Economía del Gobierno canario en Bruselas.
Un comunicado de la Consejería destaca que esta modificación del Reglamento General de Exención por Categorías es fundamental para la aplicación de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Recuerda asimismo que el expediente aprobado por la Comisión Europea en el mes de mayo de 2017 tenía el objeto de salvaguardar los intereses de las empresas canarias y que, en concreto, se aumentó el límite del volumen de negocio por empresa desde el 17,5 % (para las industriales) o el 10 % (para el resto) hasta el 30 %. Con ello, la Consejería Economía consiguió, tras más de un año de negociaciones con la CE, mejorar las ayudas para todos los empresarios canarios que se acojan a los incentivos del REF.
El consejero canario del área, Pedro Ortega, afirma que se "tenía una amenaza desde Europa y era que los límites impuestos a la acumulación de ayudas por el RGEC hacían que los empresarios canarios no pudiesen aplicar en su totalidad los incentivos fiscales del REF, que fueron aprobados en diciembre de 2014".
"El nuevo Reglamento permite que los incentivos fiscales del REF tengan todo su potencial y se apliquen en todos los sectores, tanto para ayudas a la inversión como al funcionamiento", subraya Ortega, quien agrega que "se trata, sin duda, de una gran noticia para el sector industrial y para el empresarial en general, de la que nos alegramos".
La nota apunta que en abril de 2016 Ortega propuso en Europa aumentar los límites para que las empresas canarias se pudieran acoger a las ayudas REF, y para ello el consejero se reunió con el director general adjunto de Competencia de la CE, Gent-Jan Koopman.
En aquel momento, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea había iniciado el proceso de revisión del nuevo Reglamento General de Exención por Categorías, que establecía, entre otras cuestiones, los límites en relación al volumen de negocio para que las empresas canarias pudieran acogerse a las ayudas regionales de funcionamiento contenidas en el REF, que estaban en periodo de consulta pública.
En este sentido, dada la importancia de los incentivos fiscales para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como instrumento para compensar las limitaciones permanentes que afectan a las empresas canarias, y con el objetivo de que puedan competir en condiciones similares a las del continente, Ortega afirmó que era más que razonable que, en el caso de Canarias, se aumentasen los límites establecidos para acceder a las ayudas.
Además, el consejero defendió, en relación al nuevo criterio que se proponía de bonificación en función de la distancia de la capital del Estado, que se tuviese en cuenta otros parámetros, ya que los sobrecostes no se generaban únicamente por la distancia, sino la existencia de otros ligados a la fragmentación del territorio o al nivel de desarrollo de la región en comparación con el continente.
Con posterioridad, en diciembre de 2017, Pedro Ortega, se reunió con Gert-Jan Koopman para perfilar las discrepancias al interpretar de la modificación puntual del Reglamento General de Exención por Categorías que se aprobó en junio, resolviendo las dudas que planteadas con los inspectores del Ministerio de Hacienda sobre los regímenes de ayudas para compensar los sobrecostes de las RUP.
Asimismo, el consejero explicó que la retroactividad de las medidas adoptadas en dicho nuevo Reglamento, con efectos 1 de enero de 2015, se había prestado también a confusión en su aplicación.
Tras ese encuentro, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento formuló por escrito a la Comisión Europea su consideración de que la modificación, reflejada en el nuevo artículo del RGEC debía ser objeto de clarificación por la Dirección General de Competencia.
Finalmente, tras las reuniones y el trabajo realizado, hoy la Comisión Europea ha aprobado la corrección de errores del RGEC, que implica garantizar la plena seguridad jurídica de los incentivos fiscales del REF, concluye la nota.
Un comunicado de la Consejería destaca que esta modificación del Reglamento General de Exención por Categorías es fundamental para la aplicación de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Recuerda asimismo que el expediente aprobado por la Comisión Europea en el mes de mayo de 2017 tenía el objeto de salvaguardar los intereses de las empresas canarias y que, en concreto, se aumentó el límite del volumen de negocio por empresa desde el 17,5 % (para las industriales) o el 10 % (para el resto) hasta el 30 %. Con ello, la Consejería Economía consiguió, tras más de un año de negociaciones con la CE, mejorar las ayudas para todos los empresarios canarios que se acojan a los incentivos del REF.
El consejero canario del área, Pedro Ortega, afirma que se "tenía una amenaza desde Europa y era que los límites impuestos a la acumulación de ayudas por el RGEC hacían que los empresarios canarios no pudiesen aplicar en su totalidad los incentivos fiscales del REF, que fueron aprobados en diciembre de 2014".
"El nuevo Reglamento permite que los incentivos fiscales del REF tengan todo su potencial y se apliquen en todos los sectores, tanto para ayudas a la inversión como al funcionamiento", subraya Ortega, quien agrega que "se trata, sin duda, de una gran noticia para el sector industrial y para el empresarial en general, de la que nos alegramos".
La nota apunta que en abril de 2016 Ortega propuso en Europa aumentar los límites para que las empresas canarias se pudieran acoger a las ayudas REF, y para ello el consejero se reunió con el director general adjunto de Competencia de la CE, Gent-Jan Koopman.
En aquel momento, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea había iniciado el proceso de revisión del nuevo Reglamento General de Exención por Categorías, que establecía, entre otras cuestiones, los límites en relación al volumen de negocio para que las empresas canarias pudieran acogerse a las ayudas regionales de funcionamiento contenidas en el REF, que estaban en periodo de consulta pública.
En este sentido, dada la importancia de los incentivos fiscales para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como instrumento para compensar las limitaciones permanentes que afectan a las empresas canarias, y con el objetivo de que puedan competir en condiciones similares a las del continente, Ortega afirmó que era más que razonable que, en el caso de Canarias, se aumentasen los límites establecidos para acceder a las ayudas.
Además, el consejero defendió, en relación al nuevo criterio que se proponía de bonificación en función de la distancia de la capital del Estado, que se tuviese en cuenta otros parámetros, ya que los sobrecostes no se generaban únicamente por la distancia, sino la existencia de otros ligados a la fragmentación del territorio o al nivel de desarrollo de la región en comparación con el continente.
Con posterioridad, en diciembre de 2017, Pedro Ortega, se reunió con Gert-Jan Koopman para perfilar las discrepancias al interpretar de la modificación puntual del Reglamento General de Exención por Categorías que se aprobó en junio, resolviendo las dudas que planteadas con los inspectores del Ministerio de Hacienda sobre los regímenes de ayudas para compensar los sobrecostes de las RUP.
Asimismo, el consejero explicó que la retroactividad de las medidas adoptadas en dicho nuevo Reglamento, con efectos 1 de enero de 2015, se había prestado también a confusión en su aplicación.
Tras ese encuentro, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento formuló por escrito a la Comisión Europea su consideración de que la modificación, reflejada en el nuevo artículo del RGEC debía ser objeto de clarificación por la Dirección General de Competencia.
Finalmente, tras las reuniones y el trabajo realizado, hoy la Comisión Europea ha aprobado la corrección de errores del RGEC, que implica garantizar la plena seguridad jurídica de los incentivos fiscales del REF, concluye la nota.