El presupuesto de Canarias para 2020 aumentará en un 6,51% el gasto social, en parte financiado con una revisión al alza de la fiscalidad, así como el apoyo a los sectores productivos en un 13,6%, pero no consigue revertir la tendencia de la economía del archipiélago a alejarse de la española que se da desde principios de siglo.
El proyecto de presupuestos fue entregado este jueves en el Parlamento para su trámite por el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, quien destacó que estas cuentas cumplen con el compromiso del cuatripartito de aumentar el gasto social y de apoyar a los sectores económicos.
No obstante, la inversión cae en 72 millones de euros, hasta los 1.008 millones, sobre todo por la reducción de transferencias desde el Estado al estar solo contemplados 90 millones de euros del convenio de carreteras y por la retención en este ejercicio de la mitad del Fondo de Desarrollo de Canarias, que iría destinado a cabildos y ayuntamientos.
Pero Román Rodríguez insistió en que se trata de "un suelo", pues es previsible que cuando haya presupuesto en el Estado puedan incorporarse partidas pendientes como 30 millones de euros contra la exclusión social, 42 millones para el plan de empleo y otros 42 millones para infraestructuras educativas, entre otras.
Este presupuesto nace condicionado por un incremento en 217 millones de euros en los gastos de personal, de los que 120 millones corresponden a las reducciones de jornada para los empleados de sanidad y educación, una subida en salarios que sobrepasa el conjunto del aumento del gasto no financiero, que se limita a 211 millones.
De ahí que se hayan realizado ajustes para conseguir aumentos en las políticas sociales, que pasan a representar el 75% del presupuesto, frente al 72,5% en 2019.
Habrá además 9,1 millones para escuelas infantiles, el doble que en 2019, y 12,3 millones para reducir las listas de espera, frente a los 4,5 millones de 2019, es decir, un 171% más.
La educación aumenta su presupuesto en un 7,1%, 125 millones de euros más, y la sanidad un 4,5%, equivalente a 134 millones de euros más, de modo que en conjunto suben 254 millones de euros, si bien de esa cantidad 120 millones son para sufragar la reducción horaria del personal.
El consejero de Hacienda señaló que la previsión de crecimiento económico para Canarias en 2020 que ha realizado el Gobierno regional es del 1,3% del PIB, medio punto menos que en 2019, mientras que el conjunto de España bajará solo tres décimas hasta 1,8%, lo que supone que la economía insular seguirá alejándose de la media española.
Román Rodríguez admitió que el presupuesto "no va a revertir" de momento la tendencia a la divergencia económica con el conjunto del país, marcada por que a principios de siglo el PIB por habitante estaba a la par de la media española y ahora se sitúa veinte puntos por debajo.
Con esas políticas, a lo largo de legislatura se notará un cambio a mejor en la evolución económica de Canarias con respecto a la media española, algo que un solo presupuesto no puede cambiar por sí solo, explicó.
A eso se suman subidas en el IRPF a rentas por encima de 90.000 euros, pero estas no se contabilizarán hasta 2022.
La Comunidad Autónoma de Canarias gastará el próximo año 9.569 millones de euros, un 8,75% más, si bien 1.468 millones serán para amortizar deuda, de modo que si se excluyen este y otros gastos financieros quedan 8.066 millones, un 2,7% más que en 2019.
El proyecto de presupuestos fue entregado este jueves en el Parlamento para su trámite por el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, quien destacó que estas cuentas cumplen con el compromiso del cuatripartito de aumentar el gasto social y de apoyar a los sectores económicos.
No obstante, la inversión cae en 72 millones de euros, hasta los 1.008 millones, sobre todo por la reducción de transferencias desde el Estado al estar solo contemplados 90 millones de euros del convenio de carreteras y por la retención en este ejercicio de la mitad del Fondo de Desarrollo de Canarias, que iría destinado a cabildos y ayuntamientos.
Pero Román Rodríguez insistió en que se trata de "un suelo", pues es previsible que cuando haya presupuesto en el Estado puedan incorporarse partidas pendientes como 30 millones de euros contra la exclusión social, 42 millones para el plan de empleo y otros 42 millones para infraestructuras educativas, entre otras.
Este presupuesto nace condicionado por un incremento en 217 millones de euros en los gastos de personal, de los que 120 millones corresponden a las reducciones de jornada para los empleados de sanidad y educación, una subida en salarios que sobrepasa el conjunto del aumento del gasto no financiero, que se limita a 211 millones.
De ahí que se hayan realizado ajustes para conseguir aumentos en las políticas sociales, que pasan a representar el 75% del presupuesto, frente al 72,5% en 2019.
Políticas sociales
En políticas sociales, se destinarán 10 millones de euros más a dependencia (+4,5%), 51,7 millones más a mayores y discapacidad (+8%) y 27 millones más a la prestación canaria de inserción, germen de la futura renta de ciudadanía, que sube un 44,2%.
En políticas sociales, se destinarán 10 millones de euros más a dependencia (+4,5%), 51,7 millones más a mayores y discapacidad (+8%) y 27 millones más a la prestación canaria de inserción, germen de la futura renta de ciudadanía, que sube un 44,2%.
Habrá además 9,1 millones para escuelas infantiles, el doble que en 2019, y 12,3 millones para reducir las listas de espera, frente a los 4,5 millones de 2019, es decir, un 171% más.
La educación aumenta su presupuesto en un 7,1%, 125 millones de euros más, y la sanidad un 4,5%, equivalente a 134 millones de euros más, de modo que en conjunto suben 254 millones de euros, si bien de esa cantidad 120 millones son para sufragar la reducción horaria del personal.
El consejero de Hacienda señaló que la previsión de crecimiento económico para Canarias en 2020 que ha realizado el Gobierno regional es del 1,3% del PIB, medio punto menos que en 2019, mientras que el conjunto de España bajará solo tres décimas hasta 1,8%, lo que supone que la economía insular seguirá alejándose de la media española.
Lo mismo ocurrirá con la tasa de desempleo, que en el caso de Canarias subirá del 20,9% al 21,3%, mientras que en el conjunto de España bajará del 13,8% al 12,3%, según las previsiones.
Román Rodríguez admitió que el presupuesto "no va a revertir" de momento la tendencia a la divergencia económica con el conjunto del país, marcada por que a principios de siglo el PIB por habitante estaba a la par de la media española y ahora se sitúa veinte puntos por debajo.
El gasto público
Pero subrayó que se va a reorientar el gasto público, no solo hacia las políticas sociales (que suben en 352 millones hasta los 6.051 millones, un 6,1% más), sino a apoyar a los sectores productivos con 237,4 millones más (un aumento del 13,6%) para propiciar el empleo y la diversificación económica.
Así, el sector primario recibirá 80 millones de euros (un aumento del 12,2%), la industria y la energía 38 millones (15,1% más) y el sector turístico 36,8 millones (un 24,4% más).
También se destinarán 50,4 millones de euros para I+D+i (11,55% más) y 5,8 millones para el cambio climático (8% de aumento).
Con esas políticas, a lo largo de legislatura se notará un cambio a mejor en la evolución económica de Canarias con respecto a la media española, algo que un solo presupuesto no puede cambiar por sí solo, explicó.
Del aumento presupuestario para la Comunidad Autónoma, 90 millones de euros se financian con los incrementos impositivos: a la subida del IGIC corresponden 63 millones, al Impuesto de Sucesiones y Donaciones 18,6 millones, al impuesto al tabaco 7,1 millones y a las tasas de juego 1,1 millones.
A eso se suman subidas en el IRPF a rentas por encima de 90.000 euros, pero estas no se contabilizarán hasta 2022.
Estas subidas fiscales no perjudicarán a las rentas medias y bajas ni al consumo, según Román Rodríguez, quien garantizó que el 85% de los ciudadanos no se verán afectados por la reducción de bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones, puesto que se mantiene la bonificación total hasta los 300.000 euros.