La ley que regula la asistencia jurídica gratuita en España acaba de cumplir 30 años. Entró en vigor el 12 de julio de 1996 con el objetivo de garantizar que la falta de recursos no impidiera a ninguna persona defender sus derechos ante los tribunales. Tres décadas después, el turno de oficio continúa, pero lo hace con una norma que los propios profesionales consideran alejada de la realidad actual.
“La ley se ha quedado totalmente desfasada”, afirma Kabir Vaswani, secretario del Colegio de Abogados de Las Palmas. La organización colegial reclama una nueva regulación que contemple situaciones que entonces apenas tenían presencia, corrija los vacíos existentes y adapte tanto el acceso de la ciudadanía como las condiciones de los profesionales que prestan el servicio. “Treinta años es demasiado tiempo”, sentencia.
Cambios desde 1996
La norma supuso en su momento un importante avance para la justia; sin embargo, desde entonces, han cambiado los procedimientos judiciales, las necesidades sociales y el perfil de quienes solicitan asistencia gratuita, apunta Vaswani.
“Después de la Ley de Justicia Gratuita hemos tenido una nueva Ley de Enjuiciamiento, muchísimas reformas procesales y, en general, la sociedad ha cambiado mucho en 30 años”, señala.
Para el secretario del Colegio de Abogados de Las Palmas, ya no basta con introducir modificaciones parciales, es necesaria una nueva norma que revise el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Más asuntos y menos profesionales
La reclamación llega mientras la demanda de justicia gratuita continúa creciendo en España y el número de abogados del turno de oficio ha caído un 15,3% en siete años. La Abogacía advierte de que, si la tendencia continúa, algunas comunidades podrían tener problemas para garantizar el servicio.
Canarias refleja parte de esa presión. Durante 2025 se tramitaron 74.727 asuntos y 36.036 solicitudes, atendidos por 1.931 profesionales. Vaswani matiza que, en la demarcación del Colegio de Abogados de Las Palmas, el número de letrados se mantiene estable y el turno continúa cubierto.
Más casos y nuevas necesidades
Lo que sí aumenta de forma progresiva en las Islas es el número de personas que acuden al sistema. A los procedimientos habituales relacionados con divorcios, custodias, despidos o incapacidades se han sumado otros que han ganado peso, como los expedientes vinculados a la Ley de Segunda Oportunidad o los recursos por la devolución de prestaciones públicas.
“Todos los años aumentan paulatinamente las solicitudes”, explica Vaswani. Ese crecimiento obliga a que el turno se adapte a nuevas realidades económicas y sociales, pero también a revisar los requisitos que determinan quién puede beneficiarse de la asistencia gratuita.
Quedarse fuera de la justicia gratuita
En la actualidad, los límites de la ley siguen vinculados al Indicador Público de Rente de Efectos Múltiples (IPREM), por lo que se producen algunos problemas de acceso, según Vaswani, ya que este indicador no ha evolucionado al mismo ritmo que el salario mínimo o el coste de la vida.
“Una persona que viva sola, no tenga hijos y cobre el salario mínimo interprofesional estaría fuera del turno de oficio”, advierte. Aunque tendría unos ingresos modestos y podría encontrarse en una situación vulnerable, superaría el límite económico general.
Ante esta desconexión, plantea dos alternativas como actualizar el IPREM mediante los Presupuestos Generales del Estado o sustituirlo por otro índice que no dependa de las mayorías parlamentarias y evolucione conforme aumenta el coste de la vida.
Una subida del 30% en Canarias
La situación económica de los abogados también forma parte de las reivindicaciones. En Canarias, donde las competencias de Justicia están transferidas, los colegios profesionales alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo autonómico para aplicar una subida progresiva del 30% en las cantidades que reciben los letrados, un incremento que culminará el próximo año.
Vaswani reconoce que la relación con el Gobierno de Canarias es “bastante fluida” y que también se han reducido considerablemente los tiempos de cobro gracias a la digitalización de los trámites y la coordinación entre el personal de los coelgios y la Consejería de Justicia.
Actuaciones que no se pagan
Las mejoras, sin embargo, no resuelven todas las carencias. Una de las principales reclamaciones es que se remuneren todas las actuaciones que realizan los abogados, ya que actualmente existen trámites y trabajos que quedan fuera de los baremos. También piden que las cantidades se actualicen automáticamente conforme al IPC para evitar que vuelvan a perder poder adquisitivo con el paso de los años.
Aunque el turno puede ser una vía para que los abogados jóvenes adquieran experiencia y consigan clientes, Vaswani reconoce que “es muy difícil vivir solo” de las cantidades que se perciben por las guardias y los expedientes asignados. “La justicia gratuita es un trabajo, no es beneficencia. Es un servicio profesional prestado por abogados altamente capacitados y hay que dignificarlo”, insiste.
El caso particular de Canarias
La actualización de la ley resulta relevante en un territorio como Canarias, donde la insularidad obliga a mantener servicios, guardias e infraestructuras en distintas islas, así como el peso de la ruta migratoria, que registró, en el Archipiélago, 6.096 designaciones de abogados en extranjería, más de una de cada diez de toda España.
Mientras el Ministerio de Justicia prepara un anteproyecto de ley, Vaswani denuncia que la Abogacía no ha participado en su elaboración. “Lo que reclamamos es ser escuchados”, afirma. La reforma, sostiene, debe proteger tanto el acceso de la ciudadanía a la Justicia como las condiciones de los profesionales que garantizan el servicio.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.