La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, informó este lunes que los cinco centros de crisis 24 horas de Canarias han atendido, desde su apertura, a cerca de 400 personas de las que 339 eran víctimas directas de violencias sexuales (304 mujeres y 35 menores de 18 años) y 55 familiares o personas del entorno que precisaron atención profesional. Así mismo, en este periodo se produjeron 161 activaciones por parte del 112.

La consejera participó esta mañana en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que, entre otros asuntos, aprobó el procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales. Se trata de un procedimiento con validez nacional que permitirá a las mujeres víctimas acceder a derechos, prestaciones, recursos y servicios, según recoge la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual.

Normativa propia

Tras participar en la Sectorial, la consejera se congratuló de esta aprobación que permitirá a Canarias desarrollar la normativa necesaria para que las víctimas de violencias sexuales puedan acceder a los derechos y protección que precisen. “Necesitábamos adelantar este procedimiento estatal que nos permitirá establecer nuestro decreto en Canarias y regular las ayudas a las víctimas de violencia sexual y que ya cuentan con una partida para el próximo año”, manifestó Candelaria Delgado.

Como recoge el procedimiento aprobado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, esta acreditación de las situaciones de violencias sexuales tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas principales de cualquier forma de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa; cuando el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído; cuando el procedimiento penal esté en trámite, o cuando exista sentencia condenatoria firme, entre otras situaciones.

Criterios de valoración

En el proceso de valoración se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales; la duración, forma y gravedad de la violencia sufrida; las secuelas psicológicas; las consecuencias en la salud sexual y reproductiva; el contexto y daño social (rechazo, aislamiento, pérdida de apoyo); así como las dificultades laborales, educativas o personales. También se considerarán situaciones de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica o emocional respecto al agresor, y si la solicitante tiene hijos menores o reside en zonas rurales.

Las acreditaciones serán emitidas por órganos, organismos, servicios y recursos de las administraciones públicas habilitados y este listado será actualizado periódicamente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Atención gratuita

Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las víctimas de violencia de género que financia el ICI en colaboración con los cabildos de cada isla.

El servicio está disponible 24 horas al día, los 365 días del año, y no es preciso denunciar previamente para recibir atención. Cada centro cuenta con un equipo profesional que ofrece ayuda psicológica especializada, asesoramiento jurídico y apoyo social, acompañando a la víctima en la toma de decisiones y en su proceso de recuperación.

Protocolos

La actividad de los centros se rige por un protocolo de actuación que establece los criterios de intervención y garantiza la coordinación con servicios como el 112 y el 012, con el objetivo de actuar de forma rápida y eficaz cuando la mujer ha sido agredida recientemente. El equipo profesional también asesora al entorno de la víctima para facilitar su acompañamiento en la recuperación.

Este proyecto cuenta con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España.

En la reunión presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las comunidades autónomas recibieron también información sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y sobre los fallos en el sistema Cometa.