Los médicos y médicas de la provincia de Las Palmas sufrieron 68 agresiones en 2025, lo que supone “solo la punta del iceberg porque hay muchas que no son denunciadas”, según explica la presidenta del Colegio de Médicos, Elizabeth Hernández. Esta violencia afecta “no solo a una asunto individual, sino que amenaza a la calidad asistencial y a la confianza médico-paciente”.
Es por ello que el colegio profesional y el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la experiencia judicial de los médicos que denuncian una agresión con la intención de acompañar, reducir la victimización y animar así a denunciar más casos de violencia en el ámbito sanitario.
Datos de las agresiones a médicos
Según los datos presentados, el año pasado se registraron 68 agresiones a médicos en la provincia de Las Palmas. Del total de agresiones, el 93% corresponden a amenazas o coacciones, mientras que el 7% restante se relaciona con situaciones de acoso. La mayoría de las profesionales afectadas han sido mujeres (el 54%). Además, el 23% de los casos provocó baja laboral en los profesionales afectados.
En el 100% de las situaciones, el motivo que han declarado los afectados en el registro ha sido discrepancias con la atención médica recibida. La mayoría de los agresores (el 85%) han sido pacientes con citas no programadas y el 15% restante corresponde a acompañantes.
Efectos en la persona y atención
En el último periodo se ha visto que se han producido cada vez más casos de violencia en los hospitales. En este sentido, el ámbito hospitalario concentra el mayor número de incidentes (40%), seguido de Atención Primaria (22%) y las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria, que suman el 31% de los casos.
Hernández advierte que todo ello supone una carga a nivel personal para el profesional y en la práctica médica. “Cuando hay una agresión, la consulta cambia: el profesional puede empezar a trabajar en estado de alerta y se termina generando una medicina defensiva que debilita la comunicación clínica y la confianza”, ha explicado.
Mejoras del recorrido judicial
El nuevo acuerdo entre administraciones da pie a un proyecto pionero que pretende actuar en una fase que, hasta ahora, no estaba suficientemente atendida. Se trata de acompañar al médico/a en todo el recorrido judicial tras poner la denuncia por agresión. El presidente del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria, Juan Avello, ha señalado que el objetivo es poner el foco en las personas dentro del sistema judicial.
El protocolo establece un canal directo con la asesoría jurídica del Colegio de Médicos para preparar la comparecencia del profesional, así como el acompañamiento el día de la citación. Además, se intentará que la cita sea a primera hora y se concentren todas las diligencias ese mismo día para reducir el impacto emocional y laboral del médico agredido.
Avello defiende que estas actuaciones pueden facilitar que los profesionales denuncien las agresiones. “Una forma de fomentar las denuncias es mejorar la experiencia cuando el sanitario tiene que acudir al juzgado”, ha apuntado.
Proyecto pionero
Este servicio se pone en marcha sin necesidad de nuevos recursos económicos, según ha expuesto Avello, ya que se basa sobre todo en organización y coordinación entre las dos instituciones, por lo que puede aplicarse “a coste cero”.
El presidente del Tribunal de Instancia destaca, sobre todo, que se trata de un acuerdo innovador, pues, aunque existen protocolos de prevención o mecanismos policiales, no existen iniciativas similares orientadas a mejorar la experiencia de la víctima dentro del juzgado.
En ese sentido, Avello ha indicado que el proyecto podría servir de referencia para otros territorios si demuestra su utilidad y ya están en contacto con la Consejería de Sanidad para ampliarlo a todo el Archipiélago.
Respuesta a las agresiones
Desde el Colegio de Médicos han recordado que la respuesta institucional frente a las agresiones ha ido reforzándose en los últimos años. Desde 2012 cuenta con un protocolo interno de asesoramiento jurídico y acompañamiento a médicos agredidos, mientras que en 2015 se consolidó la consideración penal de estas agresiones como delito de atentado.
Con el nuevo acuerdo con el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ambas instituciones buscan completar ese recorrido de protección y reducir la llamada “victimización secundaria” que pueden sufrir los profesionales durante el proceso judicial.
Hernández ha enfatizado que “la violencia nunca puede normalizarse, y menos en el ámbito sanitario. Las agresiones afectan al médico, pero también a la calidad del sistema sanitario en su conjunto”.