Los 8.300 policías nacionales y guardias civiles de Canarias exigen al Gobierno de España ser profesión de riesgo, una categoría que les permite cotizar más a la Seguridad Social y jubilarse antes. Representantes sindicales de los cuerpos de seguridad se encerraron este martes en la sede de la Secretaría de Estado como medida de presión al Ministerio de Interior.
“No es muy normal ver a un agente de 63 o 64 años sentado en un radiopatrulla”, afirma Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. Apunta que la reivindicación parte de que las negociaciones con el Ejecutivo han quedado paralizadas por la convocatoria de elecciones.
Jubilarse antes
Santiago explica que ser profesión de riesgo implica pagar más en las cotizaciones a la Seguridad Social o a las clases pasivas con la condición de retirarse a los 59 o 60 años en lugar de a los 65. Siempre que se cumpla, eso sí, el requisito de haber prestado entre 35 y 37 años de servicio. Lo llamativo, apunta, es que a esa medida sí se acoge la Policía Local.
“Cuando el Gobierno de España necesitó los votos de los diputados de Cataluña y del PNV, reconoció como profesiones de riesgo a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra. No se entiende que, a estas alturas, nosotros no lo tengamos”, reflexiona el secretario general del SUP. En definitiva, no comprende por qué no se trata a todos los cuerpos de la misma forma.
El desalojo
“Los bomberos también lo son, y es lógico que tengan ese reconocimiento. Pero que en el siglo XXI, en 2026, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil estén reconocidas como profesiones de riesgo es algo que no se entiende”, prosigue Santiago, quien explica que la protesta de este martes en Madrid terminó después de que desalojaran a sus compañeros.
“Mandaron a la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid y desalojaron a los representantes sindicales. Previamente, ya les habían amenazado con abrirles un expediente disciplinario si no desalojaban el Ministerio, argumentando que era un edificio público”, dice.
Negociaciones truncadas
Juan Couce, portavoz de la Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), resalta que tanto ellos como la Policía Nacional son los únicos cuerpos policiales que no son profesión de riesgo para “poder jubilarse con 59 años y 35 de servicio sin perder poder adquisitivo”.
Couce sostiene que llevan 40 años reclamando ser profesión de riesgo y, cuando por fin consiguen que se abra una mesa de negociación, en la que todo parecía ir bien, les dicen que “la convocatoria de elecciones da portazo a cualquier tipo de acuerdo en este sentido”.
"Un atolladero"
Tras el encierro pacífico de 16 representantes sindicales, que ya han sido desalojados, define la situación como “un atolladero” que no merecen ni los guardia civiles ni los policías.
“Creemos que lo mínimo que podía hacer este gobierno era dar el mismo reconocimiento que tienen las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco y las locales”, sentencia el portavoz de la AUGC. Asevera también que siguen “siendo ignorados”, por lo que han tenido —dice— que intensificar en los últimos años la reivindicación.
"No perdemos la esperanza"
Explica que llevan cuatro décadas con la misma petición y que el origen está en el reconocimiento de profesiones de riesgo a mineros o a trabajadores de alta mar en los años 50. “Posteriormente se va alcanzando este catálogo a actores y personal de vuelo”, añade.
“Alguna salida tendrán que dar, nosotros la esperanza no la vamos a perder”, sentencia Couce.
La Policía Canaria
Santiago, por su parte, sentencia que “no es muy normal ver a un agente de 63 o 64 años sentado en un radiopatrulla patrullando las calles”. “Todo el mundo entiende que, con determinadas edades, las condiciones físicas se van mermando”, apostilla. Pone como ejemplo que gran parte de los policías locales que están en la calle son jóvenes.
“Los demás se jubilan o pasan a otras situaciones administrativas”, resalta. “Además, en Canarias tenemos otro cuerpo policial que tampoco está reconocido como profesión de riesgo: el Cuerpo General de la Policía Canaria”, cuenta también el representante sindical.
Oferta pública de empleo
Explica que si un policía se jubila porque considera que ya no se encuentra en condiciones, esa plaza se puede convocar conforme a la oferta pública de empleo establecida en España. Ahora bien, detalla que en Canarias la edad media de los agentes de la Nacional está entre los 40 y los 45 años.
En cuanto a las jubilaciones, indica que cuando se aprobó el real decreto de 2010 les recortaron un 5% del sueldo y un porcentaje de las pagas extraordinarias. “El poder adquisitivo se ha ido recuperando a lo largo de los años, entre comillas, pero el recorte de las pagas extras lo seguimos manteniendo”, subraya.
Tareas pendientes
Lamenta que las negociaciones, donde se estaban poniendo cifras encima de la mesa sobre lo que tendrían que pagar de más y lo que tendría que asumir el Estado, se han parado. La Secretaría de Estado de Seguridad les comunicó en una reunión este martes que la negociación no iba a seguir adelante por el momento debido al adelanto de las elecciones.
Asegura que el próximo gobierno heredará varios problemas relacionados con la Policía Nacional y la Guardia Civil:
- El reconocimiento de la profesión de riesgo.
- La jubilación.
- La modificación de las dietas.
- El catálogo de puestos de trabajo.
“Hay que tener en cuenta que este Gobierno lleva ocho años y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo se ha reunido una vez con los sindicatos policiales durante ese periodo. No ha querido reunirse más y tampoco entendemos por qué”, sentencia Santiago.
Sin perder poder adquisitivo
Los sindicatos reclaman que el Gobierno de España dé una respuesta a una demanda que afecta a unos 4.300 policías nacionales y 4.000 guardias civiles destinados en las islas, mientras la paralización de las negociaciones deja en el aire la posibilidad de adelantar su jubilación.
La petición busca que estos agentes puedan retirarse antes sin perder poder adquisitivo y que se reconozcan las exigencias físicas de una profesión que, sostienen, no debería obligar a sus efectivos a patrullar hasta los 65 años.
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