La discriminación étnico-racial sigue siendo una de las principales barreras que enfrentan las personas migrantes, no solo para acceder a una vivienda digna, sino también para lograr algo tan básico como empadronarse.
Así lo denuncia el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), que recoge, en su Memoria Anual del Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación, las trabas administrativas como un motivo de denuncia.
Acceso a la vivienda
Las personas migrantes y pertenecientes a minorías étnicas se encuentran con un auténtico muro cuando intentan alquilar o comprar una vivienda. Según datos recogidos por el CEDRE, el 27,5 % de las potenciales víctimas denuncian que no se les alquila por su origen, y otro 24 % asegura que se les exigen requisitos extraordinarios o excusas para evitar formalizar contratos.
Además, muchos propietarios e inmobiliarias recurren a cláusulas abusivas, subarriendos precarios o incluso fraudes. El informe Se alquila. Racismo inmobiliario, elaborado por Provivienda, destaca que cada vez más y más inmobiliarias, hasta el 99%, cometen prácticas racistas.
Trabas adminitrastivas
Pero el problema no termina con la vivienda. Una vez consiguen un techo, muchas personas migrantes se topan con otro obstáculo crucial: el empadronamiento. Este trámite administrativo es esencial para acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación o ayudas sociales.
Sin embargo, según el CEDRE, son frecuentes los casos en que se deniega el padrón o se exigen documentos no previstos en la normativa, dejando a estas personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
El problema se agrava en el caso de quienes viven en infraviviendas o asentamientos informales. La falta de padrón impide la regularización de su situación administrativa y refuerza un círculo de exclusión social que afecta directamente a su salud, seguridad y acceso al empleo.
Medidas urgentes
Frente a este panorama, el CEDRE propone medidas urgentes como la creación de una Autoridad Independiente que vele por la igualdad de trato, la aplicación efectiva de la Ley 15/2022 para sancionar la discriminación tanto en la vivienda como en el empadronamiento, y la formación específica a fuerzas de seguridad y operadores jurídicos.
Asimismo, se subraya la necesidad de garantizar el empadronamiento sin trabas, especialmente para quienes viven en condiciones precarias, y de asegurar que los servicios sociales, y no la policía, sean quienes gestionen las comprobaciones de domicilio.
El CEDRE también reclama reforzar las políticas de vivienda pública y asequible, priorizar a los colectivos históricamente discriminados y crear alternativas dignas para quienes viven en asentamientos.