La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha reducido de 18 a 10 años de prisión la solicitud de condena para una mujer que ha reconocido ser la autora del incendio del edificio de Añaza, ocurrido en octubre de 2024 y en el que estuvo en riesgo la vida de numerosos vecinos.
El acuerdo se alcanzó con la representación de las compañías aseguradoras y con la defensa, y contempla además indemnizaciones por 59.000 euros, aunque la cifra final se determinará en la ejecución de sentencia cuando se disponga de todos los informes periciales.
Arrepentimiento de la acusada
La procesada mostró ante el tribunal un arrepentimiento total, pidió perdón y explicó que actuó movida por un ánimo de venganza hacia dos personas a las que alquilaba habitaciones. Afirmó haber consumido crack la noche del incendio y no recordar con claridad lo sucedido.
El fuego se originó en una habitación donde la acusada guardaba ropa y otros enseres, propagándose rápidamente por el edificio. La mujer incluso intentó ayudar a apagar las llamas en un primer momento, mientras muchos residentes tuvieron que refugiarse en la azotea o salir a la calle de madrugada.
Testimonios
Durante el juicio, celebrado este lunes, declararon agentes de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario que intervinieron en el suceso, coincidiendo en que existió un grave riesgo para la vida de quienes habitaban el inmueble.
Uno de los inquilinos relató que, sobre las once de la noche, la acusada le pidió un cigarro y fuego antes de retirarse a dormir. Poco después comenzó a oler a humo, lo que llevó a los residentes a alertar al resto de vecinos e intentar sofocar las llamas.
Indemnizaciones
Ese mismo inquilino cuantificó sus pérdidas en 500 euros, principalmente por la desaparición de un teléfono móvil. Todos los residentes han sido compensados, excepto una mujer que, pese a tener seguro, ha quedado temporalmente excluida por razones que aún se desconocen.
La procesada vivía en una vivienda propiedad de su abuela y compartía el piso con otros dos inquilinos. Según la Fiscalía, prendió fuego a un cuarto utilizado como almacén, repleto de muebles, ropa y objetos de madera, empleando gasolina o simplemente cerillas, “a sabiendas del peligro que su acción implicaba”.
Entre los residentes había personas de edad avanzada y con problemas de movilidad, incluyendo un vecino que utilizaba silla de ruedas, lo que incrementó el riesgo de la evacuación nocturna. La acusada permanece en prisión provisional desde el mismo día del incendio.