La Plataforma de Afectados por Costas en Canarias elevará sus quejas al Gobierno de España

El presidente de la Plataforma, José Luis Langa, denuncia que es ''incomprensible'' que Canarias no tenga excepcionalidad en la Ley de Costas y asegura que están afectados por la ley más de 60 municipios

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El presidente de la Plataforma Canarias de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González. / Pcalc
El presidente de la Plataforma Canarias de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González. / Pcalc

La Plataforma Canarias de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) elevará al Gobierno nacional sus demandas actuales ante la aplicación de la Ley de Costas. En este sentido su presidente, José Luis Langa González, anunció que solicitarán una reunión con la ministra Teresa Ribera y con la directora general de costas, Ana María Oroño Valenciano.

Langa expresaba este martes en un encuentro con los medios su enfado ante la ‘’insostenible’’ situación actual de la aplicación de la Ley de Costas, denunciando la paralización de las transferencias en Costas del Estado a Canarias y la inoperatividad de la Comisión Mixta firmada en 2016 entre la plataforma y el Gobierno regional. En la misma línea, Langa insistió en la petición para que la Ley de Costas recoja la excepcionalidad para Canarias por la singularidad del territorio, y de igual forma recordó la solicitud a la Dirección General de Costas para que se suspendan los desalojos ‘’hasta que se resuelvan las transferencias’’

‘’Es incomprensible que Canarias no tenga excepcionalidad en la Ley de Costas’’

Langa recuerda que la Ley de Costas es de 1988, aunque subraya que no fue hasta 2005 cuando los afectados comenzaron a recibir las resoluciones para desalojar su vivienda. ‘’Son casas que llevan en esas zonas desde hace más de 50 y 60 años, ’es incomprensible que Canarias no goce de una excepcionalidad en la Ley de Costas, pues somos una isla cuya tradición y economía está vinculada al mar’’, asegura.

Asimismo, el presidente añade que hay mucha angustia e incertidumbre en los vecinos de zonas como Ojos de Garza en Gran Canaria, El Faro y Puntalarga en La Palma o Bocacangrejo y Candelaria en Tenerife. En este sentido, Langa apunta que hay más de 150.000 personas y más de 60 municipios afectados por esta ley, algunos de ellos con ordenes de desahucio en menos de una semana. 

‘’La Comisión Mixta no se ha reunido más’’

Langa recuerda que en el año 2016 se constituyó una Comisión Mixta, firmada por la Plataforma y el Gobierno de Canarias, para conocer la situación de los municipios afectados para trasladarlo posteriormente al Gobierno central. Langa asegura que en la actualidad esa comisión ''no funciona'', por lo que desde la Plataforma también denuncian esta inoperatividad, así como ‘’largas por parte del Gobierno’’.

‘’Si en Madrid se conociese la realidad, no se hace lo que se está haciendo, que es hacer que los núcleos donde viven familias reciban ordenes de desalojo y derribo’’. Langa estima que hay unas 400 viviendas afectadas, aunque al no reunirse la Comisión Mixta ‘’no se puede analizar la situación de cada municipio’’

Paralización de las transferencias en Costas del Estado a Canarias

El presidente de la Plataforma comenta que ''desde hace más de un año y medio el Gobierno está anunciando se nos darán las competencias de Costas tras la firma de un acuerdo con el Gobierno central y el ministro Iceta. Dicen que porque Iceta fue cesado para estar en otro ministerio no se pudo hacer. Julio Pérez -consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- dice que es porque falta personal. Para mi son todo excusas’’, asegura Langa, quien incide en que Andalucía y Cataluña ‘’tienen sus propias competencias de Costas’’.

Ante esto, Langa resalta la necesidad de solicitar a la Dirección General de Costas la supresión de los desalojos hasta que resuelvan las transferencias. En este sentido, afirma que hay ‘’muchos procedimientos en los juzgados’’, por lo que pide que se suspendan.

En este sentido, Julio Pérez explicó a principios de mayo en el Parlamento canario que ''hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas''.