Colectivos de afectados por la erupción del volcán en La Palma han cuestionado la credibilidad del Instituto Volcanológico de Canarias tras conocer que el Cabildo de Tenerife le ha encargado preparar a la población ante el riesgo volcánico. Consideran una “contradicción” esta decisión mientras se destacan las “lecciones aprendidas” de la crisis de 2021.
Un total de 13 asociaciones, entre ellas colectivos vecinales y de damnificados por la erupción en Cumbre Vieja, han solicitado además que se retiren reconocimientos a científicos y responsables políticos que formaron parte del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias durante la emergencia. “Los fracasos no merecen premios, sino reprobación”, señalan.
Acciones formativas
La asociación Tierra Bonita critica que el Cabildo tinerfeño haya acordado encargar en exclusiva a INVOLCAN las acciones formativas sobre autoprotección y evacuación. Según este colectivo, la institución científica está marcada por un “fracaso estrepitoso” en la gestión de la crisis, al no haberse evacuado previamente a la población ni facilitado toda la información disponible sobre las zonas de mayor riesgo.
Asimismo, sostienen que “solo la suerte” evitó consecuencias más graves durante el inicio de la erupción, y lamentan que no se haya asumido responsabilidad por lo ocurrido.
Desconfianza social
Tierra Bonita advierte de una “desconfianza social” hacia las instituciones implicadas y considera que INVOLCAN ha perdido la legitimidad para liderar la formación ciudadana en materia de riesgo volcánico. A su juicio, esta credibilidad no se podrá recuperar mientras no se esclarezcan los hechos ocurridos durante la emergencia de 2021.
Asociaciones firmantes
En este sentido, el colectivo plantea que las acciones formativas en Tenerife se abran a otras entidades y profesionales, y que no se limiten exclusivamente al ámbito científico, incorporando también aspectos como la protección de bienes o la seguridad jurídica de las propiedades.
Las asociaciones firmantes, entre las que se encuentran plataformas de afectados, colectivos vecinales y organizaciones sociales, mantienen además acciones judiciales para acceder a las actas y grabaciones del PEVOLCA. Insisten en que el debate no es solo técnico, sino también de “legitimidad moral” para liderar la prevención ante futuras emergencias volcánicas.