Un informe del Instituto de Salud Carlos III estima que 62.232 ingresos hospitalarios urgentes al año en España están directamente relacionados con la exposición a contaminantes atmosféricos como el dióxido de nitrógeno (NO₂), el ozono troposférico (O₃) y las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). Este impacto supone un coste económico de 858,96 millones de euros anuales, al incluir tanto el gasto sanitario como la pérdida de productividad laboral.

Aunque las provincias con mayores cifras son Madrid, Barcelona y Valencia, el informe subraya que incluso los niveles bajos de exposición implican riesgos sanitarios relevantes. Además, señala el ruido del tráfico urbano como otro factor de ingreso, diferente del químico, pero igualmente perjudicial.

744 casos en Canarias

En el caso de Canarias, el informe estima que 744 ingresos hospitalarios urgentes anuales están vinculados a la exposición a distintos contaminantes atmosféricos, incluyendo NO₂, PM10, PM2.5 y ozono troposférico, según la disponibilidad de datos por provincia. Esta cifra se reparte entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con más de 100 ingresos diarios en urgencias de media en ambos casos.

Aunque el archipiélago no presenta los niveles más altos de polución del país, su realidad climática específica, marcada por episodios recurrentes de calima, supone un agravante importante que no siempre está reflejado en los datos oficiales, pero cuya influencia es cada vez más reconocida.

Calima y salud respiratoria

El epidemiólogo Amós García Rojas advierte que la calima tiene “un impacto claro sobre la salud, fundamentalmente en personas con patologías de base o problemas respiratorios”. A su juicio, no se puede separar la salud humana de la salud ambiental ni animal: “Necesitamos ese triple enfoque para una estructura sanitaria sólida”. A pesar de la aparente buena calidad del aire por efecto de los vientos alisios, García recuerda que “el aire estará limpio si lo cuidamos. Aquí también hay focos urbanos de polución que deben controlarse”.

Urgencias bajo presión

Desde el sindicato médico Asamblea 7 Islas, su portavoz Octavio Sánchez alerta de que la presión ya se nota en el sistema: “Se saturan las urgencias. Va mucha gente con problemas respiratorios”. Añade que los ingresos afectan sobre todo a personas mayores, lo que prolonga las estancias y complica la rotación de camas: “Estos pacientes necesitan 24 o 48 horas de observación. Eso colapsa los servicios”.

Además, apunta que la población infantil también está afectada: “Aquí tenemos un alto índice de niños con asma y bronquitis, y todo eso también se achaca a la contaminación atmosférica”.

Retraso en las medidas

El informe del Carlos III recomienda avanzar en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias desde 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, ni Las Palmas de Gran Canaria ni Santa Cruz de Tenerife han cumplido con la normativa estatal, pese a que los coches son uno de los principales emisores de NO₂.

García Rojas considera que estas medidas “no van a eliminar el problema, pero sí ayudan a reducir los niveles de contaminación. Hay que tomárselas en serio”.

Incluir el factor ambiental

Tanto el epidemiólogo como el portavoz sindical coinciden en la necesidad de incorporar la salud ambiental a la planificación asistencial del archipiélago. “El impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud debe tenerse en cuenta en los protocolos, igual que se hace con las olas de calor”, sostiene Sánchez.

Para García Rojas, la advertencia es clara: “Esto va a ir a más mientras no incorporemos a nuestro chip el hecho de que la salud humana está íntimamente ligada a la salud ambiental y a la salud animal”. Aunque Canarias no se sitúe entre las comunidades más contaminadas, recuerda que fenómenos como la calima y los focos urbanos de polución ya están condicionando la salud pública en el archipiélago.