Aula de un colegio de educación primaria, vacía./ Archivo ANPE
Aula de un colegio de educación primaria, vacía./ Archivo ANPE

Alertan de una "encrucijada" en la educación canaria por la falta de inversión y la conflictividad en las aulas

Uno de los principales puntos de preocupación para el sindicato ANPE Canarias es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

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La educación en Canarias necesita "más inversión y más respaldo al profesorado" para evitar que las carencias actuales se agraven en los próximos años. Así lo ha advertido ANPE Canarias en un comunicado de balance del curso 2025-2026, en el que reconoce algunos avances, pero alerta de que la falta de financiación sigue actuando como un "cuello de botella para el sistema".

El sindicato mayoritario del profesorado de la enseñanza pública no universitaria sostiene que las aulas canarias afrontan "retos cada vez más complejos" poniendo de ejemplo "el incremento de la diversidad del alumnado, el exceso de burocracia, el aumento de la conflictividad y la falta de medidas eficaces para proteger y reconocer la labor docente". 

Para la organización sindical la comunidad autónoma se encuentra "en una encrucijada" en materia educativa. La nota recoge las palabras del presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, quien señala que "existe diálogo y voluntad de negociación", pero advierte de que "sin una mayor financiación no va a ser posible afrontar los desafíos actuales a los que se enfrenta el sistema educativo en Canarias". 

Alumnado con necesidades

Uno de los principales puntos de preocupación para ANPE es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El sindicato reclama que todo el alumnado NEAE "cuente doble a efectos del cómputo de las ratios" al considerar que una inclusión real "exige adaptar el número de estudiantes por aula a la diversidad existente". En este sentido, Crespo defiende que reducir las ratios atendiendo a estas singularidades "es fundamental para garantizar una atención más individualizada" y al mismo tiempo "proteger a un profesorado que está asumiendo una carga “insostenible".

ANPE también alerta de que la conflictividad, la burocratización de la labor docente, la desautorización del profesorado y la falta de respaldo están "afectando a la salud de los profesionales". Por ello reclama que la futura ley autonómica de autoridad del profesorado "no se limite a una declaración de intenciones e incluya medidas concretas de protección, reconocimiento y mejora retributiva".

Temporalidad

En materia laboral, el sindicato señala como otra tarea pendiente la reducción de la temporalidad. ANPE recuerda que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a advertir del abuso de la temporalidad en el sector público español" y reclama soluciones para "consolidar empleo estable entre el profesorado interino con antigüedad". Según Crespo, en Canarias la situación es "especialmente grave, ya que la tasa de interinidad supera ampliamente un 30%".

Pese a este diagnóstico ANPE destaca algunos avances durante el curso 2025-2026, entre ellos el inicio de "la reducción de ratios acordada con la administración y las organizaciones sindicales, que se ha traducido en la bajada de 23 a 20 alumnos en Infantil de 4 y 5 años, de 25 a 22 en 1º y 2º de Primaria, y de 27 a 25 en 2º de ESO".

Desconexión digital 

El sindicato también valora la incorporación de un apartado sobre desconexión digital del profesorado en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros para el curso 2026-2027, aunque considera "que todavía es insuficiente". Asimismo celebra la aprobación de la orden reguladora para el reconocimiento y abono de gratificaciones al personal docente por funciones de coordinación, que ha permitido "desbloquear pagos pendientes desde hacía más de un año".

ANPE concluye su balance tendiendo la mano a la negociación, pero insiste en que "el modelo educativo canario no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo del profesorado". La organización reclama "una inversión presupuestaria suficiente que alcance al menos un 5% del PIB del archipiélago, nuevas bajadas de ratios, una simplificación administrativa efectiva y un marco normativo que proteja de forma real a los profesionales de la enseñanza".