Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado este martes sobre el “grave impacto” que está teniendo la implantación de los tribunales de instancia en el ámbito de la justicia canaria, un proceso que califican de “precipitado, desorganizado y carente de planificación”.

En un comunicado, el sindicato expresa su “rotunda desaprobación” y su profundo malestar "ante una reforma que se ha llevado a cabo sin una negociación efectiva" con las organizaciones sindicales representativas del personal de la administración de justicia.

CCOO denuncia que esta forma de proceder "está provocando disfunciones severas en el funcionamiento diario de los órganos judiciales, afectando tanto a la plantilla como a los profesionales de la justicia, así como a la ciudadanía, que ve deteriorarse el derecho a un servicio público ágil y eficaz".

Falta de medios

Entre los problemas señalados por el sindicato se encuentran la falta de medios técnicos y organizativos para que los nuevos tribunales operen con normalidad. En varios partidos judiciales se han detectado fallos en los sistemas informáticos, dificultades de acceso a los procedimientos y ausencia de formación adecuada para asumir las nuevas funciones.

A ello se suma la dispersión de sedes judiciales y la carencia de espacios físicos suficientes en los palacios de justicia, lo que agrava la situación. Además, la implantación de esta reforma no ha contado con dotación presupuestaria alguna. Desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se ha argumentado que la aplicación de la Ley Orgánica impuesta por el Gobierno central no incluye financiación específica, lo que ha impedido la creación de nuevas plazas en los servicios más saturados.

Reforma

El sindicato advierte también que la reforma no ha implicado un refuerzo real de las plantillas ni una negociación sobre las relaciones de puestos de trabajo y las condiciones laborales. Esta situación es especialmente crítica en Canarias, donde los índices de litigiosidad son los más altos del país y los módulos de entrada de asuntos más elevados, sin que se haya invertido en ampliar los efectivos disponibles, generando una sobrecarga de trabajo y un deterioro progresivo de la calidad del servicio.

Otro efecto preocupante señalado por CCOO es la "pérdida de especialización del personal". Aseguran que la reforma "ha provocado la redistribución forzosa de efectivos, rompiendo trayectorias profesionales consolidadas en áreas sensibles como violencia sobre la mujer, familia, jurisdicción laboral o contencioso-administrativa". Esto obliga, señalan, a personal altamente especializado "a integrarse en macroservicios que tramitan procedimientos de toda índole, con el consecuente perjuicio para la calidad técnica y la atención a la ciudadanía".

Funciones

Asimismo, el sindicato denuncia la "falta de determinación clara de funciones y complementos en las relaciones de puestos de trabajo, aprobadas de manera genérica y sin definición concreta de tareas, lo que contraviene diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia". Ante esta situación, CCOO ha impugnado las relaciones de puestos "tanto en vía administrativa como, en última instancia, en la vía judicial".