El sindicato ANPE Canarias, con mayor representación entre el profesorado del Archipiélago, ha reclamado al Gobierno autonómico que sitúe la educación pública en el centro de sus prioridades políticas de cara a 2026, tras realizar un balance del año 2025 en el que reconoce “avances parciales”, pero también importantes carencias.
En un comunicado, la organización sindical valora algunos progresos alcanzados en la enseñanza pública durante el último año, aunque advierte de la persistencia de necesidades estructurales que, a su juicio, comprometen la eficacia del sistema educativo y el adecuado desempeño de la labor docente, como la atención al alumnado vulnerable.
Presupuestos insuficientes
ANPE destaca la firma de la modificación del acuerdo de mejora del sistema público educativo de Canarias, así como diversas sentencias favorables logradas por sus servicios jurídicos en defensa de los derechos del profesorado.
Sin embargo, el sindicato considera que los presupuestos autonómicos de 2026 “no garantizan el incremento de recursos necesario” para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado ni para mejorar las infraestructuras educativas.
Ratios, plantillas y refuerzos
Entre los aspectos positivos, ANPE resalta la reducción de ratios, el refuerzo parcial de especialistas y el incremento moderado de plantillas aplicado durante este curso, fruto del acuerdo alcanzado en abril con la Consejería de Educación.
Estas medidas se mantendrán durante los próximos dos cursos, aunque el sindicato advierte de que resultan “aún insuficientes” para dar respuesta a las necesidades reales del sistema educativo canario.
Derechos del profesorado interino
A lo largo de 2025, los servicios jurídicos de ANPE han logrado “avances importantes” en el reconocimiento de derechos del personal interino del antiguo cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Entre ellos, destaca el derecho a percibir las mismas retribuciones que el profesorado integrado en Secundaria y el reconocimiento de los periodos vacacionales como tiempo de experiencia a efectos de listas y servicios prestados.
Lejos del 5 % del PIB en educación
ANPE Canarias considera que los presupuestos de 2026, aprobados recientemente por el Parlamento autonómico, “se quedan muy cortos” y apenas contribuyen a avanzar hacia el objetivo legal de destinar el 5 % del PIB a educación.
El sindicato señala que el “desafío más urgente” es la atención a la diversidad, ante el aumento constante del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sin que los recursos crezcan al mismo ritmo.
Falta de especialistas y apoyo al alumnado
A juicio de ANPE, siguen faltando especialistas, medidas adicionales de reducción de ratios y refuerzos para el alumnado no hispanohablante.
El sindicato insiste también en la necesidad de dignificar la función docente, mejorar las condiciones laborales y avanzar en la estabilización del profesorado, con una tasa de interinidad que continúa en torno al 30 %.
Burocracia y sobrecarga docente
ANPE reclama garantías para que el personal con experiencia acumulada en Canarias pueda mantener sus puestos de trabajo y exige que la anunciada reducción de la burocracia se traduzca en mejoras reales.
En este sentido, anuncia que permanecerá vigilante ante la implantación de la nueva plataforma Doramas y el plan de simplificación administrativa.
Protocolos y funciones impropias
El sindicato considera necesario replantear el elevado número de protocolos existentes, que asignan múltiples obligaciones al profesorado y contribuyen a una creciente sobrecarga burocrática.
Entre ellos, destaca la urgencia de modificar el protocolo de intervención ante riesgo suicida, que atribuye al personal docente funciones que, a su juicio, corresponden al ámbito sanitario.
Infraestructuras educativas pendientes
ANPE recuerda que la reforma, ampliación, mantenimiento y climatización de los centros educativos, así como la renovación de equipamientos, siguen viéndose lastradas por un déficit crónico de inversión.
Por todo ello, el sindicato insta tanto a la Administración autonómica como a la estatal a responder con hechos en 2026 y a situar la educación pública en el centro de sus prioridades.