Buscar una vivienda de alquiler en Canarias ya no es solo cuestión de encontrar un precio que encaje en el sueldo. Nóminas, contratos indefinidos, avalistas, varias mensualidades de entrada o ingresos mínimos forman parte de un proceso de selección en el que poder pagar el piso no siempre significa conseguirlo. Y, cuando las alternativas escasean, hay quienes terminan aceptando condiciones que en otro contexto se rechazarían.
Julia, Damana e Iván han hablado con Atlántico Hoy sobre cómo la crisis de la vivienda condiciona su día a día. Julia consiguió alquilar tras meses de búsqueda y muchas exigencias; Damana sigue viviendo con sus padres y reconoce que la situación ha afectado a su salud mental; e Iván vive con su hermana en una infravivienda sin contrato de la que difícilmente podrían mudarse a otra por los elevados precios y requisitos abusivos, aunque trabaje.
Aceptar por desesperación
Julia sabe lo que supone presentarse una y otra vez a ese particular casting. Cuando empezó a buscar vivienda con su pareja, recuerda que las exigencias se repetían. Ambos debían tener trabajo fijo, aportar varias cantidades por adelantado y, en algunos casos, contar con avalistas. Ella era —y sigue siendo— funcionaria interina, mientras su pareja sí tiene una plaza estable.
Al final consiguieron un piso en Telde (Gran Canaria), pero para lograrlo Julia tuvo que incluir a su padre como si viviera con ellos para que su pensión contara entre los ingresos del hogar. “Fue gracias a eso por lo que pude acceder a un piso”, explica. El alquiler comenzó en 880 euros y, entre las actualizaciones y otros conceptos, actualmente pagan 925 euros al mes, una cantidad que volverá a aumentar por las condiciones del contrato.
Un contrato que se encarece
Además del incremento en sí del alquiler, el contrato establece que a partir del tercer año deberán asumir el 50% de la comunidad y que, si alcanzan el sexto, también tendrían que pagar el IBI de la vivienda. “Uno, cuando firma esos contratos y acepta esas condiciones, en ese momento lo haces bajo necesidad y desesperación, porque ya no encuentras nada”, explica.
Julia cobra alrededor de 1.300 euros y comparte los gastos con su pareja, pero asegura que entre vivienda, suministros y alimentación prácticamente no tiene capacidad para ahorrar. Pese a disponer ya de un piso, no ha dejado de buscar otro alquiler desde 2024. Lo más barato que suele encontrar ronda los 700 o 750 euros y, antes siquiera de visitar algunas viviendas, le solicitan tres nóminas, contrato laboral o incluso documentación de la declaración de la renta.
"Cuando me independicé por primar vez en 2017, encontré un piso en Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria). Era una zona muy buena, un piso de 80 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, garaje y agua incluida. Salía 390 euros, es que hoy lo pienso y es como si fuera… vamos, es que no existe ya eso", cuenta.
Buscar vivienda pasa factura
Damana ni siquiera ha podido dar el paso a independizarse. Vive en Tenerife, tiene 33 años y continúa en casa de sus padres. Cuenta que lleva tiempo buscando de manera activa y que ha ido ampliando cada vez más la zona en la que estaría dispuesta a vivir, pero con unos ingresos de alrededor de 1.200 euros se encuentra con alquileres que pueden acercarse a los 900.
Y como ocurre cada vez que se busca alquiler, el precio no es el único obstáculo. Recuerda anuncios que exigían ingresos de unos 3.000 euros para optar a un piso de 800, dos o tres mensualidades de fianza, avales o perfiles muy concretos, como funcionarios o estudiantes. Entre las ofertas que más le llamaron la atención estuvo la de una propietaria que alquilaba su vivienda con la condición de que el inquilino tenía que cuidar también de su gata.
La imposibilidad de encontrar una salida estable ha terminado trascendiendo la cuestión económica. Damana explica que en la actualidad está de baja por depresión, siendo el panorama de la vivienda uno de los factores que han contribuido a su situación. La búsqueda “me ha superado por todos lados”, admite.
Sin opciones
Iván se encuentra en otra parte de ese mismo limbo. Vive con su hermana en La Laguna, y paga 350 euros mensuales por una vivienda de autoconstrucción situada sobre la casa de su casera. No tienen contrato. El inmueble cuenta con tres habitaciones, cocina y baño, pero no dispone de salón ni de ventanas al exterior, salvo una que da hacia un patio interior.
El precio le permite mantenerse allí, pero también dificulta imaginar una salida. Solo él trabaja y su hermana estudia. Si quisieran mudarse juntos o independizarse por separado, asegura que los precios y las exigencias actuales lo hacen inviable. Además de la falta de aval, señala otro problema como es que en muchos portales apenas encuentra oferta disponible, incluso buscando fuera de La Laguna.
“Todos se están quedando fuera”
Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, su portavoz, David González, asegura que este endurecimiento de las condiciones aparece de forma recurrente entre quienes acuden al colectivo. Habla de hasta tres mensualidades de fianza, rentas por adelantado, pagos adicionales al terminar un contrato, negativas por tener mascotas o hijos y casos de discriminación.
Y no identifica un único perfil. “Todos se están quedando fuera”, afirma González. Estudiantes, familias, autónomos, trabajadores con empleos precarios o personas mayores llegan al sindicato con circunstancias distintas, pero con la dificultad compartida de acceder o mantenerse en una vivienda que puedan asumir. Para el portavoz, la posición económica termina siendo determinante en quién consigue superar esos filtros.
Ni el alquiler ni la compra
La alternativa de comprar tampoco aparece como una vía accesible. Julia considera que una hipoteca podría incluso costarle menos cada mes que su actual alquiler, pero su temporalidad laboral y la ausencia de ahorros para una entrada la dejan fuera. Iván también consultó el mercado cuando conoció las ayudas a la hipoteca joven y asegura que las viviendas que encontraba por debajo de 250.000 euros estaban, en muchos casos, en condiciones que las hacían inviables para él.
En el caso de Damana, durante un tiempo confió en conseguir una plaza fija y poder plantearse entonces una hipoteca. Pero tampoco dispone de los ahorros necesarios para afrontar una entrada. Y para ella, ahí se encuentra una de las contradicciones del mercado habitacional actual. Quien intenta reunir ese dinero difícilmente puede hacerlo mientras destina buena parte de su sueldo a un alquiler. “No puedes hacer las dos cosas”, resume.
González sostiene que esa falta de capacidad de ahorro es habitual entre los inquilinos que se plantean comprar y cuestiona que facilitar nuevas hipotecas pueda resolver por sí solo el problema. Desde el sindicato defienden que aumentar el parque público y limitar la consideración de la vivienda como un activo financiero debería formar parte de la respuesta. Según los datos que cita el propio sindicato, de las 21.097 nuevas viviendas entregadas entre 2015 y 2024 en Canarias, solo un 2,3% fueron protegidas.
“Realmente no tengo alternativas”
Mientras esas soluciones llegan o no, las alternativas son mucho más pequeñas. Iván lleva dos años inscrito como solicitante de vivienda protegida y asegura que tampoco ha encontrado una salida por esa vía. Por ahora permanece en su actual alquiler, pero sabe que su situación depende de poder continuar allí.
“Realmente no tengo alternativas”, resume. Si algún día tuviera que abandonar esa casa, explica que no podría asumir otra vivienda en el mercado actual y tendría que pedir ayuda a amistades o conocidos. No está en la calle, pero tampoco tiene garantizado dónde viviría después. Es ese espacio intermedio —entre tener techo y no poder elegirlo, entre cobrar un sueldo y no cumplir los requisitos, entre querer mudarse y no tener adónde— el que define el limbo del alquiler en Canarias en el que se encuentra gran parte de la población.
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