La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una nueva situación de “injusticia” en Canarias tras el caso de un agente accidentado que solicitó residir temporalmente en la península, concretamente en Granada, junto a su familia tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife. La petición, avalada por los servicios médicos, fue denegada de manera “arbitraria” por el coronel jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, lo que ha derivado en la apertura de un proceso penal militar.

"El agente mantuvo su residencia en Tenerife, cumpliendo con sus obligaciones y comparecencias médicas, y únicamente se desplazaba de forma esporádica a la península para visitar a su familia", afirma la asociación en un comunicado.

Problema estructural

Desde AUGC advierten de que este hecho refleja el uso abusivo del Código Penal Militar en funciones policiales y en tiempos de paz, “convirtiendo en delito lo que debería ser un trámite administrativo”. La asociación subraya que no se trata de un caso aislado, sino de un problema estructural que afecta a derechos fundamentales como la seguridad jurídica, la libre circulación y la tutela judicial efectiva.

El pasado 9 de septiembre, representantes de la organización se reunieron con diferentes grupos parlamentarios —PP, PSOE, SUMAR, Vox y Coalición Canaria— para trasladar su preocupación y reclamar una reforma urgente del Código Penal Militar. La propuesta pasa por limitar su aplicación a contextos estrictamente militares, como un conflicto armado, un estado de sitio o la integración en unidades militares.

Para AUGC, el caso "no solo erosiona derechos fundamentales, sino que degrada la dignidad de los agentes y pone en riesgo la confianza en la institución". Y aseguran que la asociación "seguirá dando voz y visibilidad a los guardias civiles y defendiendo su dignidad e igualdad”.