Aumentan un 207% las familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción

El número de familias que percibieron la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumentó en un 207 por ciento en dos años, al pasar de 5.866 perceptores en 2013 a 12.136 dos años después, según un informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Este es uno de los datos que aporta la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe sobre la evolución de la gestión de las ayudas concedidas como Prestación Canaria a la Inserción entre 2014 y 2015, y en el que recomienda dotar de más medios administrativos a las instituciones competentes en la tramitación de los expedientes.

En un comunicado la Audiencia de Cuentas indica que de acuerdo con los resultados obtenidos, la crisis financiera ha tenido un reflejo directo en el desempleo, incrementando los índices de pobreza en el Archipiélago y situándolos entre los más altos del país. No obstante, también señala que el presupuesto destinado a la PCI aumentó al pasar de 17,7 millones de euros en 2013 a 39,5 millones en 2015, que se ha logrado atender todas las solicitudes de PCI.

El análisis de los datos indica que el perfil mayoritario del preceptor de estas ayudas corresponde al de mujeres de entre 25 y 54 años, que encabezan una familia monoparental y tienen estudios básicos. Sin embargo la actual situación económica ha propiciado la aparición de un nuevo perfil de perceptores, personas que han perdido su empleo, han agotado todas las prestaciones y demandan reinserción laboral, es decir, desempleados de larga duración.

El informe incluye un total de 17 conclusiones relacionadas con el perfil del principal preceptor de este tipo de ayudas, el procedimiento que se ejecuta para su concesión, la coordinación de los recursos y la partida presupuestaria anual con la que se dotó a este instrumento.

En cuanto a las recomendaciones, el órgano de control hace mención a otros 11 puntos donde, entre otros, propone que se definan los objetivos y un sistema de indicadores de gestión que permita valorar los logros alcanzados por esta prestación desde una perspectiva de economía, eficacia y eficiencia.

También pide que se estudie la posibilidad legal de reactivar el derecho a recibir la ayuda en algunos casos, dar mayor estabilidad a las plantillas municipales gestoras de la PCI, por lo que se recomienda que la aportación autonómica se transfiera a los ayuntamientos al principio de cada ejercicio y reservar un porcentaje de los planes de empleo impulsados por las distintas administraciones para perceptores de la PCI.

Asimismo, aconseja que la nueva aplicación informática para la gestión de la PCI permita un seguimiento, un control, un módulo de estadísticas para la evaluación de la pobreza y un sistema de alertas cuando se aproxime la finalización de los plazos de tramitación.

Por otro lado, con el fin de instaurar la simplificación administrativa y superar las dificultades de transmisión de información entre administraciones, sería conveniente que la totalidad de los ayuntamientos estuvieran adheridos al convenio de colaboración firmado por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica.

Al respecto, la Audiencia propone dotar de más efectivos a la plantilla de la administración autonómica gestora de la PCI y revisar su modelo organizativo con el objetivo de compensar las cargas de trabajo. Igualmente la Audiencia insta a que se ultime el catálogo de servicios con el fin de diseñar un programa a medida del perceptor, donde las acciones dirigidas a su empleabilidad ocupen un papel principal.

Canarias es la tercera Comunidad Autónoma en cuanto al máximo de cuantía para este tipo de prestación, solo superada por País Vasco y Navarra, comunidades con mayores niveles de renta. El importe medio de la ayuda de PCI fue de 583,40 euros, importe que se sitúa en el rango de tres miembros de una unidad de convivencia.

Dada la naturaleza de la ayuda económica de la PCI, cuyo objetivo es dar cobertura a las necesidades básicas, la Audiencia considera prioritaria una acción coordinada de las administraciones y otros agentes sociales, por lo que se recomienda un estudio conjunto de los órganos creados por la Administración autonómica con esta finalidad, para valorar sus funciones y la materia asignada, de manera que contribuyan a garantizar el éxito de la política de integración social.

Del mismo modo apuesta por simplificar el procedimiento sancionador, de manera que sea factible su aplicación en la práctica, salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores.