El grupo ecologista Ben Magec–Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles la “inacción” y el “desinterés” de las administraciones públicas canarias ante la presencia de amianto en distintas infraestructuras del archipiélago, un mineral que produce entre 50 y 100 muertes anuales, según sus estimaciones.El amianto todavía está presente en edificios públicos y privados, techados, depósitos de agua o tuberías a pesar de que este mineral “altamente cancerígeno” se prohibió hace veinte años y de que la Unión Europea ha impuesto su retirada total en un plazo máximo de ocho años, ha informado la agrupación en un comunicado.“Esta es la gravosa herencia dejada por décadas de construcción barata y por la presión comercial de una marca (Uralita) cuyo fibrocemento basado en amianto se identifica popularmente con este material. Su tratamiento resulta costoso porque tiene que ser realizado por empresas especializadas si se quiere evitar que el desamiantado amenace la salud de las personas”, han explicado en la nota.Y han añadido que la gestión de los residuos, también “altamente nocivos”, constituye un “quebradero de cabeza” que finaliza con frecuencia en vertidos ilegales aún más peligrosos y contaminantes, según Ben Magec.El grupo ecologista ha lamentado además que las administraciones públicas argumenten que no tienen competencias para su retirada o que quieren evitar alarmar a la sociedad sobre el asunto, lo que supone finalmente un “lastre” para su solución definitiva.De hecho, Ben Magec ha recordado que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias reconoció el pasado verano que hay al menos 40 centros educativos en el archipiélago con Uralita. "En el 2017 se estimaba que eran poco más de veinte, pero ahora resulta que son casi el doble. Veintiséis de ellos son de infantil y primaria, lo que es una auténtica vergüenza. Tampoco se aclara cuáles son exactamente estos centros. Sigue faltando transparencia y liderazgo en la gestión política canaria del amianto”, han criticado.Para los ecologistas, la pandemia de COVID-19 tampoco sirve de justificación a las administraciones para no actuar al respecto, porque ahora se pueden desbloquear los fondos públicos y las ayudas al empleo para retirar el amianto, lo que a su vez supondría una manera “eficaz” de invertir en salud pública.