Representantes de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias exigieron este viernes en el Parlamento regional el cumplimiento de la Ley de Bibliotecas de Canarias, aprobada por unanimidad en 2019 y cuyo desarrollo, según denunciaron, ha sido abandonado en la actual legislatura tras los avances iniciados en la anterior.
Durante su comparecencia en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la bibliotecaria Natalia Navarro Sosa calificó la situación del sistema bibliotecario como “lamentable” y la atribuyó a la falta de compromiso de la administración pública, denunciando la ausencia de financiación suficiente y de una planificación estratégica evaluable.
Necesidad
La presidenta de la asociación, Ángeles Domínguez Guerra, subrayó la “imperiosa necesidad” de aplicar la Ley de Lectura y Bibliotecas de Canarias para garantizar servicios bibliotecarios dignos y respetar los derechos culturales de la ciudadanía. “¿Qué valor real tiene una ley si no se aplica?”, preguntó ante la comisión parlamentaria.
Domínguez Guerra advirtió de que el sistema de bibliotecas se gestiona sin rigor técnico, sin desarrollo reglamentario, con un mapa desfasado y sin formación profesional, lo que lo condena “a la obsolescencia y a la irrelevancia”, pese a que la norma es considerada una de las más avanzadas del Estado.
Plan de Lectura
Según expuso, el Plan de Lectura de Canarias 2023-2030 solo se ha desplegado de forma superficial, no existe aún el reglamento de desarrollo de la ley, ni se ha puesto en marcha el Plan de Desarrollo Profesional, mientras que el Consejo Canario de Lectura y Bibliotecas no se convoca desde febrero de 2023.
La representante de los bibliotecarios instó al Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos a colaborar para sacar a las islas “del vagón de cola en hábitos de lectura y uso de bibliotecas”, y alertó de las deficiencias en muchas infraestructuras, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales.
La ley obliga a que cada municipio cuente con una biblioteca pública, recordó, pero insistió en que esto no debe limitarse a un espacio físico, sino al cumplimiento de estándares mínimos de personal cualificado, colecciones, servicios e infraestructuras adecuadas.