La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha presentado este martes un diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales en el archipiélago, un documento que servirá de base para la elaboración de un plan estratégico.
El informe, basado en encuestas a usuarios y profesionales, refleja que el 92,6 % de las personas usuarias muestra altos niveles de satisfacción con la atención recibida, aunque identifica áreas de mejora como la reducción de los tiempos de espera, el acceso a la información y asesoramiento y la simplificación de la burocracia.
Alta valoración con margen de mejora
El estudio también indica que el 52 % de los usuarios considera suficientes los recursos destinados a atender sus demandas. Para su elaboración se encuestó a 691 personas en 56 municipios y a 258 profesionales en 77 municipios, en un trabajo desarrollado entre mayo de 2024 y julio de 2025 con la colaboración de la Universidad de La Laguna.
Además, el análisis incorpora valoraciones de expertos del sector, lo que permite ofrecer una visión más amplia sobre el funcionamiento del sistema público de servicios sociales en Canarias.
Uso del sistema y conocimiento limitado
Según el diagnóstico, un 30 % de la población canaria ha tenido contacto con los servicios sociales y un 20 % ha sido beneficiaria directa. La valoración del sistema es más alta entre quienes lo han utilizado, con una puntuación media de 6,56 sobre 10, frente al 5,8 otorgado por quienes no han sido usuarios.
Sin embargo, el conocimiento de la normativa es reducido: solo el 21,4 % de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7 % el Catálogo de Servicios y Prestaciones, en un contexto donde la información disponible resulta fragmentada y desigual, especialmente a nivel municipal.
Carencias estructurales y nuevos retos
El personal técnico destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero advierte de la falta de recursos humanos, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos marcados por la ley.
El informe también apunta a la necesidad de reforzar la atención ante problemáticas emergentes como la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones, en un sistema que, pese a facilitar el acceso a citas en términos generales, presenta barreras como la brecha digital, las limitaciones arquitectónicas y los trámites administrativos.
Financiación, coordinación y aplicación real
El diagnóstico subraya que la infrafinanciación de los servicios sociales es un problema estructural, común al conjunto de España, que en Canarias se traduce en un reparto desigual de recursos y en una elevada carga económica para los municipios, primer nivel de atención.
Entre los principales desafíos figuran el aumento de la financiación, el refuerzo de las plantillas, la mejora de los sistemas de información y la reducción de la burocracia, junto a la necesidad de avanzar hacia un modelo más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.
El informe concluye que persiste una brecha significativa entre el marco legal y su aplicación efectiva, ya que, aunque el sistema cuenta con una valoración positiva y profesionales comprometidos, las limitaciones en recursos, planificación y coordinación dificultan garantizar plenamente los derechos sociales reconocidos.