El juego de azar se ha convertido en una preocupación creciente en Canarias, especialmente entre la población más joven. Según un estudio publicado por la Fundación Adsis en 2024, el 15,9 % de los adolescentes y jóvenes canarios —de entre 9 y 20 años— reconoce tener problemas con las apuestas deportivas, con mayor incidencia entre los 13 y los 16 años.
Además, un 13,6 % ha intentado dejar de apostar sin éxito y un 5,8 % ha cogido o robado dinero para seguir jugando o pagar deudas, según la muestra de 1.768 personas recogida en centros educativos y entidades sociales de varias islas. La adicción al juego online muestra predominio masculino, con un 63,7 % de los casos detectados en varones.
Juego desde el móvil
El estudio alerta de la normalización del juego de azar como forma de ocio entre adolescentes. Se identifican comportamientos adictivos como sentir culpa, fracasar en el abandono o robar para jugar. La falta de control en portales internacionales sin regulación estatal y el uso generalizado del móvil facilitan el acceso de menores sin necesidad de verificación de edad.
Desde 2020, los indicadores de adicción han crecido de forma sostenida, lo que ha llevado a Fundación Adsis a pedir una respuesta urgente de salud pública centrada en la prevención, el control del acceso y la supervisión parental.
Crece la red física
Paralelamente al auge online, el partido Drago Canarias alertan del aumento de casas de apuestas en barrios populares de Las Palmas de Gran Canaria. En Tamaraceite, uno de los más afectados por la precariedad, ya hay hasta seis salones de juego en funcionamiento, una cifra que consideran alarmante.
“O las empresas se están saltando la legislación o la legislación es insuficiente, pero lo que es seguro es que esta situación es insostenible”, afirma Mar Domínguez, portavoz de Drago en la ciudad. Para el colectivo, estos locales encuentran en la exclusión social el caldo de cultivo perfecto para expandirse.
En barrios vulnerables
Canarias se sitúa entre las comunidades con mayor número de casas de apuestas por habitante: 13,3 salones por cada 100.000 personas, según datos de 2022 recogidos por El Salto. “Un 33,8 % de la población canaria está en riesgo de pobreza. No es casualidad que estos negocios se concentren en barrios humildes”, denuncia Domínguez.
La formación sostiene que la proliferación de salones contribuye al deterioro del entorno y agrava los problemas de salud mental. Reclaman al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias una actuación firme para frenar su expansión y proteger especialmente a los menores.
Normativa limitada
El Archipiélago cuenta con una Ley de Juegos y Apuestas que impone requisitos como una distancia mínima de 200 m entre salones y de 300 m respecto a centros educativos o de atención a menores, además del control obligatorio de acceso y registros de operadores.
Entre 2020 y 2023, estuvo en vigor una suspensión de nuevas aperturas, pero según Drago, no ha impedido la expansión. En 2023 se actualizó el marco legal con nuevas exigencias, pero desde el colectivo aseguran que la aplicación práctica es débil y no está siendo suficiente para frenar la problemática.