Unas 82.000 personas han dejado de estar en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias durante la actual legislatura, según ha afirmado este lunes la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno autonómico, Elisabet Santana, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia la pobreza infantil.
Santana ha explicado que el indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, "ha descendido del 38% al 31,2%". También que la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del Instituto Canario de Estadística (Istac) "sitúa la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza monetaria en el 17,6%, frente al 20,5% registrado en 2022".
La directora general ha destacado que, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias), "sin pensiones, prestaciones y otras transferencias sociales, la pobreza afectaría a casi la mitad de la población canaria".
11.300 familias
Santana ha señalado que la Renta Canaria de Ciudadanía "beneficia actualmente a 11.341 familias y cuenta con una previsión de financiación anual de 126 millones de euros". De igual ha apuntado que desde su entrada en vigor "se han tramitado 37.841 expedientes y resuelto 30.747, de los que 19.445 corresponden a nuevas solicitudes de reconocimiento". También que el 34,46% de las solicitudes "fueron denegadas por incumplir los requisitos, entre otros motivos, por disponer de ingresos o prestaciones suficientes".
Asimismo, ha indicado que "hasta marzo de 2026 un total de 577 expedientes se habían extinguido por incorporación al mercado laboral, mientras que otros 550 titulares solicitaron revisar su prestación tras comenzar a trabajar". En cuanto a los complementos de vivienda y educación previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, Santana ha reconocido que todavía "continúan en fase de análisis técnico y presupuestario".
724 euros por habitante
La directora general ha destacado asimismo que el gasto en servicios sociales por habitante "pasó de 619 euros en 2023 a 724 euros en 2024, por encima de la media estatal de 575,06 euros". Además, el plan concertado con los ayuntamientos "dispone este año de 97 millones de euros, con los que se atiende a unas 450.000 personas y se financia la contratación de alrededor de 2.500 profesionales".
A ello suman "otros 23 millones de euros destinados en 2026 a entidades del tercer sector, que permiten financiar 236 proyectos de inclusión social y atender a unas 261.000 personas". Santana ha insistido en que la reducción de la pobreza "responde a la combinación de empleo, pensiones y prestaciones públicas", y ha defendido la necesidad de "reforzar estas políticas para evitar que la vulnerabilidad económica de las familias se transmita a sus hijos".
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