Un total de 28 bebés recién nacidos fueron entregados en guarda en Canarias durante el pasado mes de agosto después de que sus madres renunciaran a su cuidado en el momento del nacimiento, una situación que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias considera inédita en las Islas.
“Nunca se había dado” una cifra de estas características, ha asegurado este lunes la directora general, Sandra Rodríguez, durante su comparecencia ante la Comisión de Estudio sobre la Pobreza Infantil del Parlamento de Canarias. La sesión estaba convocada este 28 de septiembre para abordar precisamente la situación de la infancia vulnerable en el Archipiélago.
Pese al elevado número registrado en un solo mes, ninguno de los 28 recién nacidos tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial.
La administración pudo recurrir en todos los casos al banco de familias de acogida, una herramienta que el Gobierno autonómico trata de reforzar para evitar que los bebés entren en centros siempre que exista una alternativa familiar adecuada.
Una cifra que preocupa
Rodríguez ha reconocido que el dato de agosto ha llamado especialmente la atención de la Dirección General y obliga, según explicó, a analizar las circunstancias que existen detrás de estas situaciones.
La responsable autonómica señaló que algunas de las madres proceden del propio sistema de protección o presentan problemas de salud mental, circunstancias que, a su juicio, hacen necesario revisar las actuaciones desarrolladas hasta ahora y estudiar qué medidas pueden mejorarse para prevenir situaciones similares.
La directora general defendió que el problema no puede abordarse únicamente desde los servicios específicos de protección a la infancia, sino que está relacionado también con la vulnerabilidad económica y social de los hogares.
Por ello, reclamó respuestas que incluyan políticas de vivienda, empleo, sanidad, educación y garantía de ingresos.
Más de 1.700 menores en desamparo
Actualmente, Canarias cuenta con 1.761 menores declarados en situación de desamparo, según los datos expuestos este lunes en el Parlamento.
De ellos, 995 se encuentran en acogimiento familiar, lo que equivale al 56,5% del total.
El objetivo de la Dirección General es elevar ese porcentaje hasta alrededor del 70%, aunque Rodríguez subrayó que cada decisión debe adoptarse teniendo en cuenta las necesidades concretas y el interés superior de cada menor.
Eso implica que los recursos residenciales continuarán siendo necesarios para determinados perfiles y situaciones en los que el acogimiento familiar no sea la opción más adecuada.
Familias de urgencia
Una de las medidas impulsadas por la Dirección General ha sido recuperar el control del banco de familias de acogida en familia ajena y crear además una bolsa específica de familias de urgencia.
El objetivo es poder reaccionar de forma inmediata cuando un recién nacido necesita protección y evitar, salvo circunstancias excepcionales, que tenga que pasar sus primeros meses de vida en un centro.
La incorporación de nuevas familias, no obstante, no es suficiente por sí sola. Rodríguez defendió que quienes acogen a menores deben disponer de acompañamiento profesional, formación y apoyo económico durante todo el proceso.
El hecho de que los 28 bebés registrados en agosto pudieran incorporarse directamente a familias de acogida refleja, según los datos ofrecidos en la comisión, la importancia de disponer de esta red preparada para responder con rapidez.
Salud mental infantil
Otra de las cuestiones que la directora general situó entre las principales preocupaciones del sistema de protección fue la salud mental de niños y adolescentes.
Rodríguez reclamó una red específica para atender problemas de salud mental y adicciones en la población infantojuvenil y aseguró que existen familias que llegan a encontrarse sin recursos suficientes para atender situaciones de especial complejidad.
“Hay familias que no pueden más”, señaló durante su intervención.
Según explicó, una plaza privada especializada en salud mental fuera de Canarias puede alcanzar los 6.000 euros mensuales, y en algunos casos es la propia Dirección General la que está asumiendo esos costes ante la falta de alternativas suficientes.
La responsable autonómica defendió la necesidad de incrementar las plazas disponibles tanto durante la minoría de edad como posteriormente, una vez que estos jóvenes alcanzan la vida adulta.
Miles de menores atendidos
Los datos trasladados al Parlamento muestran también la amplitud del sistema de atención a la infancia en las Islas.
Durante 2025, alrededor de 39.230 menores recibieron algún tipo de atención relacionada con situaciones de riesgo en Canarias, mientras que aproximadamente 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección, según las cifras expuestas por Rodríguez.
La directora general vinculó directamente una parte de estas situaciones con la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares.
La Dirección General destina además siete millones de euros anuales a los ayuntamientos para financiar los equipos municipales de atención a la infancia y las familias y estudia fórmulas para que estas aportaciones puedan tener carácter plurianual.
200 nuevas plazas
El Gobierno autonómico prevé también poner en marcha este año 200 nuevas plazas para jóvenes que transitan desde el sistema de protección hacia la vida adulta.
Estas se sumarán a los recursos que ya funcionan a través de entidades colaboradoras y cabildos.
La comparecencia de Rodríguez se produjo dentro de los trabajos de la Comisión de Estudio sobre la Pobreza Infantil del Parlamento de Canarias, constituida con participación de los distintos grupos de la Cámara para analizar las causas y posibles respuestas ante la vulnerabilidad de niños y adolescentes en las Islas.
El dato de los 28 recién nacidos entregados en guarda durante agosto aparece ahora como una de las situaciones que la Dirección General considera necesario analizar de forma específica, tanto por su carácter excepcional como por las circunstancias de vulnerabilidad detectadas detrás de algunos de los casos.
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