La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias contabiliza desde diciembre de 2009 hasta el mismo mes de 2017 un total de 19 ocasiones en las que se activó el protocolo de actuación por agresiones a docentes, según ha informado el sindicato CC.OO.
Tras una reunión de la comisión técnica de la mesa sectorial de Educación en cuyo el orden del día figuraba el anteproyecto de orden que renovará la vigente sobre este asunto, CC.OO. ha mostrado su apoyo a que se regule la protección jurídica y psicológica del profesorado. Sin embargo, destacan que "se abordó en negociación hace más de un año y no se ha sabido nada desde entonces. Desconocemos qué ha ocurrido para que este tiempo se haya perdido, pero parece que para la Administración no era pertinente".
El sindicato ha exigido datos reales por parte de la Consejería de Educación y "nos preguntamos por qué no hubo necesidad de debatir hace un año y sí la hay ahora", añaden.
Han propuesto la ampliación del ámbito de aplicación para que alcance todo lo relacionado directamente con la vida escolar y no solo presencial en el centro o en actividades extraescolares.
En relación con la asistencia jurídica, proponen que se evite penalizar al docente en el caso de ejercer, por propia iniciativa, su derecho a defenderse y ser condenada/o en costas. Con la redacción actual del borrador, el profesorado podría verse condicionado a no defenderse por temor a tener que asumir su coste, consideran.
CCOO ha planteado también que no se excluya, en ningún caso, la prestación de asistencia psicológica especializada por daños psicológicos derivados de conflictos entre el propio personal docente y no docente que preste sus servicios en la CEU.
— EnseñanzaCCOOCanaria (@EnsCCOOCanarias) 28 de enero de 2019
"Hemos exigido que la Administración vele por la calidad de los servicios jurídicos y psicológicos que se van a prestar y que debe haber una actuación inmediata por su parte mucho más ágil que la que está prevista aparentemente. Estamos de acuerdo con la elaboración de guías informativas, pero el esfuerzo principal de los servicios competentes debe dirigirse al fondo de la norma: asistencia jurídica y psicológica. Es necesario clarificar la función de la inspección educativa en este proceso", exponen.
Desde CCOO creen que es muy importante que se dé a conocer el alcance económico de la implantación de esta norma y su concreción reglamentaria, en la que se definan el procedimiento y su protocolo. "Es indispensable preservar el derecho de las y los docentes a ser defendidos en el cumplimiento de sus funciones así como si se produce una conculcación de sus derechos".