El Gobierno canario abonará en mayo un ingreso único de emergencia de entre 367 y 478 euros a 38.000 hogares del archipiélago en situación de pobreza o de vulnerabilidad por el coronavirus y condonará dos meses el alquiler a 17.200 familias que residen en viviendas sociales públicas.
Por medio de un decreto ley aprobado en la tarde de este viernes por el Gobierno que conforman PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, el archipiélago se convierte en la primera comunidad autónoma de España que establece una paga de auxilio a las familias más castigadas por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, que se concibe como "puente" hasta que llegue la renta mínima vital que tramita la Administración del Estado.
"Estas son medidas de justicia social", ha defendido el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que ha recordado los compromisos que asumió hace un año el llamado "Pacto de las Flores" con las familias más vulnerables de Canarias -comunidad que ya tenía al 36 % de su población en riesgo de pobreza antes de esta crisis- a las que considera que ahora no podía "dejar en la estacada".
El pago único que recibirán en mayo las familias beneficiarias de la primera de las medidas será de 367 euros para hogares de un solo miembro, 415 para hogares de dos personas, 453 para hogares de tres componentes y 478 euros para aquellos con cuatro personas o más.
El Gobierno canario calcula que este pago de emergencia ayudará a unas 100.000 personas en total y tendrá un coste para las cuentas de la comunidad autónoma de unos 16 millones de euros.
Este desembolso extraordinario se afrontará con recursos de la Consejería de Derechos Sociales: con dinero presupuestado dentro de la Prestación Canaria de Inserción y adelanto de la Renta de Ciudadanía (unos 6 millones) y con fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales (10 millones).
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), ha explicado que se trata de un abono concebido para aquellas familias que no tienen ningún otro ingreso, que intentará ayudar a que el coste de esta crisis no se cargue sobre los ciudadanos más desfavorecidos, como cree que ocurrió con la recesión de 2008.
Pueden solicitar este ingreso familias que no perciban ningún tipo de prestación, pensión o subsidio por desempleo y, para hacerlo, ni siguiera tendrán que salir de casa mientras dure el confinamiento por el estado de alarma. Podrán tramitarlo llamando al teléfono 012 de la administración o a los servicios sociales de su ayuntamiento, o a través de la página web del Gobierno de Canarias.
"Con estas medidas queremos aplanar la curva social de esta emergencia sanitaria", ha dicho Santana, antes de recordar que se estima que uno de cada diez canarios ya vivía en condiciones de pobreza severa antes de que llegara esta nueva crisis.
El Gobierno canario calcula que este pago de emergencia ayudará a unas 100.000 personas en total y tendrá un coste para las cuentas de la comunidad autónoma de unos 16 millones de euros
La consejera además ha señalado que dado el carácter inmediato de estas ayudas se hará un esfuerzo importante en materia de personal, por lo que 350 trabajadores se emplearán en este objetivo, de los cuales 300 estarán dedicado a atender el teléfono 012 y los otros 50 en el resto de trámites.
En cuanto a las ayudas al alquiler, se tramitarán por dos vías: una directa y otra indirecta. La primera beneficiará de inmediato a los 12.700 familias que residen en viviendas sociales del Instituto Canario de la Vivienda y a las 4.500 que viven en pisos de la empresa pública Visocan, ha explicado el consejero del área dentro del Ejecutivo, Sebastián Franquis (PSOE).
Estos 17.200 hogares no tendrán que hacer nada. En abril y mayo el Gobierno canario no les girará el alquiler y, si el estado de alarma siguiera prolongándose, el Gobierno canario no descarta exonerarles del pago de algún mes más, ha precisado el consejero.
Los dos meses de condonación de recibos que ofrece de inicio el Gobierno de Canarias a los inquilinos de sus viviendas sociales suponen un coste para el erario autonómico de dos millones de euros.
Además, se pondrá un marcha otra vía de ayuda a las familias que viven en casas de alquiler de propiedad privada. Con los 5,3 millones que el Estado le ha transferido para este fin, Canarias ofrecerá ayudas de hasta 900 euros a inquilinos que han perdido su trabajo, están en un ERTE o han visto reducidos sus ingresos.
Aquellas personas que hayan solicitado créditos al Gobierno para el pago del alquiler podrán pedir estas ayudas para sufragarlos, ha indicado Franquis.
Así mismo, ha informado de que el total del ingresos de la familia que solicite la ayuda de alquiler no podrá superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, lo cual supone unos 1.600 euros, ha señalado.
Franquis ha asegurado que las ayudas sociales aprobadas este viernes por el Gobierno se tramitarán de forma "muy rápida" porque "son conscientes de las dificultades que existen" y que por ello se reforzará el personal de estos departamentos.