El Parlamento de Canarias ha respaldado este martes, 20 de octubre, una iniciativa para facilitar que los menores de edad puedan asistir a conciertos, festivales y otros espectáculos públicos, incluso cuando estos se desarrollen en horario nocturno. La propuesta, presentada por el Grupo Socialista, busca aclarar las restricciones actuales y evitar que las limitaciones horarias de determinados establecimientos de ocio se apliquen automáticamente a eventos musicales y culturales.
La iniciativa, defendida por el diputado socialista Gustavo Matos, plantea que el Gobierno autonómico establezca criterios comunes para regular el acceso y la permanencia de los menores en espectáculos públicos, garantizando su seguridad y protección sin imponer restricciones injustificadas.
El objetivo es resolver las dudas que genera la aplicación de la normativa entre familias, promotores musicales y administraciones públicas, especialmente cuando se organizan conciertos que terminan a altas horas de la noche.
El límite de las 23:00
Uno de los principales puntos de debate es la aplicación de las restricciones horarias recogidas en la legislación canaria.
La Ley 7/2011, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, establece en su artículo 44 que las actividades destinadas al recreo y esparcimiento en las que se permita el acceso de menores deben cumplir determinadas condiciones, entre ellas un horario de finalización que no puede superar las 23:00 horas.
Por su parte, el Decreto 86/2013, que desarrolla esta normativa, regula las condiciones de entrada de menores a establecimientos con actividades musicales.
En concreto, los menores de 16 años tienen restringido el acceso a determinados establecimientos musicales, aunque se contemplan excepciones, como las actuaciones en directo cuando acuden acompañados de sus progenitores o tutores. En estos casos, no pueden permanecer en el establecimiento una vez finalizada la actuación.
Sin embargo, según ha advertido el PSOE, la aplicación práctica de estas disposiciones ha provocado interpretaciones que equiparan las restricciones de establecimientos permanentes, como determinados locales de ocio, con las aplicables a conciertos y festivales organizados de manera puntual.
Esta situación puede generar incertidumbre sobre las condiciones en las que los menores pueden permanecer en determinados espectáculos que se prolongan más allá de las 23:00 horas.
Conciertos con menores
El diputado Gustavo Matos ha defendido la necesidad de diferenciar las actividades habituales de los establecimientos de ocio de los espectáculos públicos que se celebran de forma ocasional.
A su juicio, no resulta adecuado trasladar automáticamente las mismas restricciones a eventos de distinta naturaleza, especialmente cuando existen medidas de seguridad y los menores asisten acompañados de sus padres, tutores o personas autorizadas.
La propuesta busca facilitar la asistencia de niños y adolescentes a conciertos, festivales, espectáculos musicales, culturales y deportivos, siempre que se respeten las condiciones de protección establecidas para cada actividad.
Esto permitiría ofrecer mayor claridad a las familias que quieran acudir con sus hijos a conciertos nocturnos, así como a las empresas organizadoras que deben establecer las condiciones de acceso y permanencia.
El PSOE considera necesario compatibilizar la protección de la infancia con el derecho de los menores a participar en la vida cultural y social, sin que las interpretaciones de la normativa se conviertan en un obstáculo innecesario.
Qué propone el Parlamento
La proposición no de ley respaldada por la Cámara regional plantea varias actuaciones para aclarar la situación.
En primer lugar, insta al Gobierno de Canarias a elaborar una instrucción, circular interpretativa u otro instrumento jurídico que permita unificar los criterios de aplicación de la Ley 7/2011 y del Decreto 86/2013.
La finalidad es diferenciar las actividades desarrolladas permanentemente en establecimientos de ocio de los espectáculos públicos ocasionales, siempre que las características del evento y sus condiciones de seguridad permitan aplicar un tratamiento distinto.
También propone modificar el Decreto 86/2013 para aclarar expresamente que las limitaciones horarias de determinadas actividades clasificadas no deben trasladarse automáticamente a conciertos y festivales, salvo que exista una disposición legal que así lo establezca.
Si estas modificaciones resultaran insuficientes, la iniciativa contempla impulsar una reforma de la propia Ley 7/2011.
Un protocolo autonómico
Otra de las medidas planteadas es la elaboración de un protocolo autonómico que establezca criterios comunes para el acceso de menores a espectáculos públicos en Canarias.
Este documento se desarrollaría con la colaboración de los cabildos insulares, los ayuntamientos, los organizadores de eventos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las entidades dedicadas a la protección de la infancia.
El objetivo es que las diferentes administraciones y promotores dispongan de unas pautas claras sobre las condiciones de entrada, acompañamiento y permanencia de menores en conciertos y festivales.
La propuesta también pretende reforzar la seguridad jurídica de los organizadores, evitando que un mismo tipo de espectáculo pueda estar sujeto a interpretaciones diferentes de la normativa.
¿Cuándo cambiarán las normas?
Por el momento, las restricciones vigentes no han cambiado. La iniciativa aprobada por el Parlamento es una proposición no de ley, por lo que no modifica directamente la legislación ni autoriza de forma automática el acceso de menores a cualquier concierto nocturno.
Corresponderá ahora al Gobierno de Canarias valorar las medidas solicitadas y, en su caso, impulsar las modificaciones reglamentarias o legislativas necesarias.
Hasta que se produzcan esos cambios, las familias deberán seguir atendiendo a las condiciones de acceso establecidas por la normativa aplicable y por los organizadores de cada espectáculo.
La propuesta abre así la puerta a una revisión de las reglas que afectan a los menores en los eventos culturales del Archipiélago, con el objetivo de facilitar su participación sin renunciar a las garantías de seguridad y protección.
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